El año 2025 quedará registrado como un período atravesado por profundas tensiones sociales y decisiones gubernamentales que impactaron de lleno en amplios sectores de la población. Jubilados, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y el sistema educativo y científico fueron algunos de los ámbitos más afectados por un programa de ajuste que redefinió prioridades y generó fuertes debates a lo largo de todo el año.
Uno de los focos más sensibles estuvo puesto en las políticas vinculadas a la discapacidad. Durante 2025 se avanzó con auditorías masivas sobre pensiones no contributivas, un proceso que derivó en la baja de cientos de miles de beneficios. En numerosos casos, las personas afectadas denunciaron no haber sido notificadas previamente ni de las evaluaciones ni de la suspensión de los pagos, enterándose recién al dejar de percibirlos. A pesar de que el Congreso sancionó una Ley de Emergencia en Discapacidad —orientada a regularizar pagos, actualizar aranceles, fortalecer talleres protegidos y garantizar el cupo laboral— su aplicación quedó paralizada, incluso luego de fallos judiciales que ordenaron su implementación.
El sistema universitario también atravesó un año complejo. La caída del presupuesto educativo, el deterioro del salario docente y la pérdida de miles de puestos de trabajo marcaron el funcionamiento de las universidades públicas. Las autoridades académicas advirtieron que los recursos asignados resultaron insuficientes para sostener el normal desarrollo de las actividades, mientras la inversión por estudiante quedó muy por debajo de la de universidades de referencia en la región. La discusión sobre el financiamiento universitario se mantuvo abierta durante todo el año, sin lograr una solución de fondo.
En paralelo, el sector de Ciencia y Tecnología enfrentó uno de los retrocesos más pronunciados de las últimas décadas. Organismos clave vieron reducidos sus presupuestos, se cancelaron convocatorias de investigación y los salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. La eliminación de artículos que garantizaban un crecimiento progresivo de la inversión encendió alertas sobre el futuro del sistema científico nacional y su capacidad para sostener proyectos estratégicos.
Los jubilados fueron otro de los grupos duramente golpeados. Durante gran parte del año protagonizaron movilizaciones semanales en reclamo por la pérdida del poder de compra de sus haberes. A pesar de los bonos extraordinarios, los ingresos reales de quienes cobran la mínima continuaron por debajo de años anteriores, profundizando una situación de vulnerabilidad.
La salud pública tampoco quedó al margen. En 2025 se registraron fuertes recortes en programas vinculados al VIH, hepatitis, tuberculosis y otras patologías, con impacto en la provisión de medicamentos, insumos y testeos. Instituciones de referencia alertaron sobre el riesgo de retrocesos sanitarios. A esto se sumaron despidos y recortes presupuestarios en organismos especializados, como el Instituto Nacional del Cáncer, lo que generó preocupación entre profesionales y pacientes.
Así, el recuento de 2025 deja un escenario atravesado por el ajuste, con consecuencias visibles en áreas clave del entramado social. Un año que cerró con interrogantes abiertos y con sectores enteros a la espera de definiciones que permitan revertir una situación marcada por la incertidumbre.
