En el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo, al cumplirse cinco décadas del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos difundieron un documento que volvió a poner en el centro de la escena la memoria colectiva, la búsqueda de justicia y los reclamos vigentes en la Argentina actual. La Plaza de Mayo, junto a numerosas plazas del país, fue nuevamente el escenario donde miles de personas se reunieron con una consigna clara: sostener viva la memoria y exigir respuestas que aún permanecen pendientes.
Durante el acto, se reafirmó una de las consignas históricas que atraviesa generaciones: la reivindicación de los 30.000 detenidos-desaparecidos como símbolo de una lucha colectiva que marcó la historia del país. En ese sentido, el documento destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones quiénes fueron esas personas, cuáles eran sus ideales y por qué se comprometieron con proyectos de transformación social.
El texto también reconstruyó el contexto previo al golpe, señalando el alto nivel de organización política, sindical y estudiantil que caracterizaba a amplios sectores de la sociedad argentina en las décadas anteriores. En ese escenario, trabajadores, estudiantes, movimientos sociales y organizaciones políticas impulsaban demandas vinculadas a mejores condiciones de vida, justicia social y mayor participación democrática.
A partir del golpe de 1976, ese proceso fue interrumpido de manera violenta mediante la implementación de un plan sistemático de represión estatal. Se recordó que más de 800 centros clandestinos de detención funcionaron en todo el país, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. A esto se sumó el robo de bebés nacidos en cautiverio, una de las prácticas más graves que aún hoy tiene consecuencias abiertas, con cientos de identidades que continúan siendo buscadas.
En este contexto, el documento volvió a plantear un reclamo histórico: conocer el destino final de las personas desaparecidas. La exigencia de “que digan dónde están” se mantiene como una demanda central, ante el silencio persistente de quienes participaron de esos crímenes.
Asimismo, se hizo referencia a los avances logrados en materia de justicia, con cientos de condenas a responsables de delitos de lesa humanidad, aunque también se manifestaron preocupaciones por las demoras judiciales y los beneficios otorgados a muchos condenados. La continuidad de los juicios y el acceso a archivos oficiales fueron señalados como aspectos fundamentales para profundizar las investigaciones.
El documento también incluyó un análisis del presente, vinculando las políticas actuales con debates históricos sobre derechos, desigualdad y modelo económico. En ese marco, se expresaron críticas a decisiones gubernamentales y se advirtió sobre el impacto de ciertas medidas en el tejido social, así como en áreas sensibles como la educación, la salud y las políticas de memoria.
Otro de los ejes destacados fue la participación de jóvenes y familias, quienes formaron parte activa de la jornada. La transmisión de la memoria histórica y el compromiso con los derechos humanos fueron presentados como herramientas clave para construir una sociedad más justa y democrática.
Finalmente, el acto cerró con una fuerte reafirmación de los principios de memoria, verdad y justicia, entendidos no solo como una mirada hacia el pasado, sino como una guía para el presente y el futuro. A 50 años del golpe, la movilización volvió a demostrar que la memoria sigue siendo una construcción colectiva en permanente movimiento.
