El escenario institucional argentino volvió a quedar en el centro de la atención internacional a partir de un informe que analiza el desempeño democrático y el respeto por los derechos fundamentales durante el segundo año de gestión del presidente Javier Milei. El documento traza un panorama crítico sobre lo ocurrido a lo largo de 2025 y advierte que distintas decisiones y prácticas del Poder Ejecutivo pusieron a prueba los equilibrios del sistema republicano, generando señales de alerta en materia de derechos humanos, libertades públicas e institucionalidad.
El análisis sostiene que, si bien el Gobierno logró mostrar una desaceleración significativa de la inflación, ese dato económico convivió con un aumento de la informalidad laboral y con un fuerte ajuste del gasto público que impactó directamente en áreas sensibles. Programas sociales, jubilaciones, pensiones por discapacidad, educación y salud fueron algunos de los sectores afectados por los recortes, aunque se destaca como excepción la ampliación del presupuesto de la Asignación Universal por Hijo. En paralelo, el veto presidencial a leyes aprobadas por el Congreso para mejorar jubilaciones, reforzar el financiamiento universitario y declarar la emergencia en discapacidad profundizó la tensión entre poderes, aun cuando posteriormente esos vetos fueron rechazados por el Senado.
Uno de los ejes centrales del informe está vinculado al funcionamiento de las instituciones democráticas. Se señala que persisten vacantes clave en el sistema judicial y en organismos de control, lo que debilita su rol. En ese marco, se recuerda el intento del presidente de designar por decreto a jueces de la Corte Suprema, una decisión que evitó el paso por el Senado y que finalmente fue anulada por la Cámara Alta. Al mismo tiempo, se observa con preocupación el debate para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, una herramienta que en el pasado fue utilizada para condicionar políticamente a la Justicia. A esto se suma la falta de designación, durante años, de figuras centrales como el defensor del pueblo y el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El derecho a la protesta y a la reunión pacífica ocupa otro capítulo relevante. El informe describe episodios de movilizaciones sociales que fueron respondidas con un uso de la fuerza considerado excesivo, dejando heridos y generando cuestionamientos judiciales. También se advierte que el protocolo de seguridad implementado para las manifestaciones amplía de manera peligrosa las facultades policiales y tiende a criminalizar la protesta social. En este contexto, se menciona la preocupación expresada por expertos internacionales ante lo que describen como un deterioro del espacio cívico desde fines de 2023.
La libertad de expresión tampoco queda al margen. El documento subraya el tono confrontativo del presidente y de funcionarios del Gobierno hacia periodistas y medios de comunicación, con declaraciones estigmatizantes y acusaciones sin pruebas. Además, se mencionan denuncias sobre posibles planes de inteligencia orientados a vigilar a quienes cuestionen a las autoridades o la política económica, lo que encendió nuevas alarmas, aun cuando el Ejecutivo negó esas versiones.
Finalmente, el informe repasa hechos relevantes vinculados a la corrupción, tanto decisiones judiciales de alto impacto político como investigaciones en curso que involucran al propio presidente y a su entorno. En conjunto, el análisis describe un clima de alta conflictividad institucional y social, en el que los avances económicos conviven con retrocesos en materia de derechos, controles democráticos y confianza pública, configurando un escenario que, según el documento, merece una atención sostenida por parte de la sociedad y de las instituciones.
