La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que podría resultar clave para esclarecer una serie de operaciones inmobiliarias bajo sospecha. El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la compra de una propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito, donde actualmente reside el funcionario junto a su familia.
La declaración fue fijada para el próximo 8 de abril y se realizará bajo juramento de decir verdad. La escribana no solo participó en la operación del departamento adquirido en noviembre de 2025, sino también en otra transacción vinculada a una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires, registrada a nombre de la esposa de Adorni. Ninguna de estas propiedades habría sido incluida en las declaraciones juradas correspondientes, lo que incrementa las dudas sobre la transparencia de los movimientos patrimoniales.
Uno de los principales puntos que analiza la Justicia es el valor declarado de la compra. Según los registros oficiales, el inmueble de aproximadamente 200 metros cuadrados, con cochera incluida, habría sido adquirido por 230.000 dólares, una cifra considerablemente inferior a los valores de mercado en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires. Este desfasaje encendió las alarmas y derivó en la profundización de la investigación.
A esto se suma la particular modalidad de pago: el funcionario habría abonado solo una parte del monto, mientras que el resto se habría financiado mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, quienes además constituyeron una hipoteca sobre la propiedad. Este mecanismo genera interrogantes sobre las condiciones del acuerdo, como los plazos, tasas de interés y el origen de los fondos involucrados.
La fiscalía ya solicitó documentación vinculada a estas operaciones, así como informes sobre los ingresos y movimientos financieros del funcionario. También se analiza la relación entre la escribana y Adorni, a partir de registros que indican encuentros en dependencias oficiales durante el último año.
En paralelo, la causa incorpora otros elementos que amplían el foco de la pesquisa. Entre ellos, un viaje a Punta del Este que también está siendo investigado en otro expediente judicial, donde se intenta determinar quién financió los costos del traslado, estimados en varios miles de dólares. Testimonios recientes señalaron que el viaje habría sido gestionado por un tercero, lo que contradice versiones iniciales del propio funcionario.
La Justicia también evalúa posibles inconsistencias entre los bienes declarados y el nivel de vida del jefe de Gabinete, en un contexto donde se multiplican las denuncias y pedidos de informes. Mientras tanto, no se descarta que nuevas personas sean citadas a declarar en las próximas semanas, a medida que se incorporen más pruebas al expediente.
El avance de la investigación mantiene en el centro de la escena pública a uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei, en un caso que combina elementos patrimoniales, administrativos y políticos, y que podría tener derivaciones de mayor alcance en el futuro cercano.