Un nuevo cruce entre el Gobierno y el periodismo volvió a poner en el centro de la escena al Instituto Nacional de Estadística y Censos y a la medición de la inflación. Esta vez, el protagonista fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó un extenso mensaje en redes sociales para responder a las críticas sobre la confiabilidad del índice de precios al consumidor y defender la decisión oficial de mantener el IPC vigente.
En su intervención pública, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que las dudas planteadas por periodistas, sectores de la oposición y algunos economistas no se condicen con el comportamiento del mercado financiero. Como principal argumento, destacó la suba de los bonos que ajustan por inflación, conocidos como bonos CER, y afirmó que se convirtieron en uno de los pocos activos con rendimientos positivos a nivel mundial, incluso en un contexto internacional adverso. Para Caputo, ese dato sería una señal clara de que el mercado respalda la continuidad del índice actual que publica el Indec.
El ministro fue más allá y planteó un escenario contrafáctico: si el Gobierno hubiera modificado la metodología del IPC y, como consecuencia, los bonos indexados hubieran caído, las críticas —según su visión— se habrían enfocado en cuestionar la credibilidad del nuevo indicador. De ese modo, buscó mostrar que, haga lo que haga el Ejecutivo, siempre existirían objeciones, y que el comportamiento de los bonos demostraría que la decisión tomada fue la correcta.
Sin embargo, el razonamiento abrió un nuevo frente de discusión. Especialistas señalan que la suba de los bonos CER no puede interpretarse de manera lineal como un aval técnico o institucional al Indec. Estos instrumentos financieros suelen apreciarse cuando el mercado espera una inflación más alta en el futuro, cuando los inversores buscan cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo o cuando se producen movimientos tácticos de corto plazo. En ese sentido, el precio de los bonos refleja expectativas inflacionarias y estrategias financieras, no necesariamente un voto de confianza sobre cómo se mide el índice de precios.
La confusión, según estas miradas críticas, radica en mezclar dos planos distintos. Por un lado, está la discusión sobre la calidad, la transparencia y la metodología de las estadísticas públicas. Por otro, el comportamiento de activos financieros que responden a múltiples variables, muchas de ellas ajenas al debate técnico sobre el IPC. Vincular directamente ambos aspectos puede llevar a conclusiones forzadas que no resisten un análisis más profundo.
Así, el intento del ministro por respaldar el “viejo” índice del Indec terminó reavivando la polémica en lugar de cerrarla. La discusión de fondo sigue abierta: no se trata solo de si los bonos suben o bajan, sino de garantizar que las estadísticas oficiales cumplan con estándares claros, reglas previsibles y plena transparencia. La defensa política del Gobierno quedó expuesta; la explicación económica, para muchos oyentes y analistas, sigue siendo motivo de debate.
