La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no tratar durante la feria judicial de enero las apelaciones presentadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria. La decisión implica que las medidas dispuestas en noviembre pasado continuarán vigentes, al menos, hasta la reanudación de la actividad judicial en febrero, cuando el caso vuelva a ser analizado en una sala ordinaria del tribunal.
La resolución fue adoptada por la sala de feria de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes conformaron la mayoría, y Mariano Borinsky. Para los magistrados que firmaron el fallo principal, no existían razones de urgencia suficientes que justificaran habilitar el receso judicial para tratar los planteos de la defensa. En ese marco, consideraron que las apelaciones podían esperar al reinicio del calendario habitual de los tribunales.
Borinsky, en cambio, votó en disidencia. El juez sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada son materia habilitada para ser tratada durante la feria judicial, de acuerdo con la reglamentación vigente. En su postura, propuso avanzar con el tratamiento del caso, habilitar el receso y convocar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes involucradas.
Con esta decisión, se mantienen sin cambios las restricciones fijadas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan a tres personas por día la cantidad de visitantes que pueden concurrir al domicilio donde la exmandataria cumple arresto domiciliario. Además, los encuentros están restringidos a un máximo de dos horas y pueden realizarse solo dos veces por semana. También continúa vigente el tope de dos horas diarias para el uso de la terraza del edificio ubicado en la calle San José al 1100, donde Cristina Kirchner retomó su detención domiciliaria luego de una reciente internación por una intervención quirúrgica.
La defensa había apelado, además, el mantenimiento de la tobillera electrónica y la exigencia de autorizaciones especiales para determinadas personas de su entorno cercano, entre ellas familiares directos. Estos puntos también quedaron alcanzados por la decisión de no habilitar la feria, por lo que seguirán rigiendo hasta una nueva resolución.
Las restricciones fueron dispuestas por el juez Jorge Gorini, responsable de la ejecución de la pena, tras una visita grupal que se realizó en el domicilio de la ex vicepresidenta y que, según el magistrado, excedió las condiciones previamente establecidas. Aquella decisión generó una fuerte respuesta política de Cristina Kirchner, quien cuestionó públicamente el trasfondo de la medida y la vinculó a un intento de limitar el debate sobre el modelo económico actual y sus consecuencias sociales.
Ahora, con el rechazo del tratamiento en feria, las apelaciones quedarán en manos de la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Será ese tribunal el que, una vez retomada la actividad judicial, deba definir si las condiciones impuestas a la expresidenta se mantienen, se modifican o se dejan sin efecto. Mientras tanto, el escenario judicial permanece sin cambios y la discusión se traslada al inicio del nuevo año judicial.
