La jornada de protesta en la Plaza Congreso dejó una escena atravesada por la polémica y las sospechas. Lo que comenzó como una movilización de trabajadores en rechazo a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei terminó envuelto en un fuerte operativo de seguridad, acusaciones públicas y una plaza que, con el correr de las horas, fue desalojada.
En el centro del debate quedaron los incidentes protagonizados por un pequeño grupo de personas que arrojó piedras y bombas molotov frente a las fuerzas de seguridad. Desde los sectores de izquierda sostienen con firmeza que se trató de infiltrados. Argumentan que nadie prepara artefactos incendiarios a la vista de todos, rodeado de cámaras y fotógrafos. Según esa mirada, la escena habría sido deliberadamente montada para generar impacto visual y justificar una posterior represión.
Algunos dirigentes gremiales, sin embargo, plantean otra hipótesis. No descartan que los responsables hayan sido militantes anarquistas o de izquierda, pero cuestionan con dureza la actuación policial. Señalan que durante varios minutos el grupo actuó sin ser dispersado y que el camión hidrante no intervino de manera directa. Para estos sectores, la pasividad inicial habría sido parte de una estrategia: permitir los desmanes para luego avanzar sobre el conjunto de los manifestantes y modificar la imagen de una plaza colmada por la de disturbios aislados.
Veinticuatro horas después, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video en el que acusó públicamente a cuatro personas, mencionándolas con nombre y apellido, y aseguró contar con pruebas contundentes. Sin embargo, en la denuncia formal presentada no figurarían esos nombres y, en el apartado de pruebas, se indicó que los elementos se encontraban “en proceso de análisis”.
Uno de los señalados, Patricio Hernán Castellán, se defendió públicamente en el programa Argenzuela del canal C5N, donde afirmó haber participado de la marcha, pero negó cualquier hecho violento.
El antecedente que vuelve a mencionarse es el caso de Sebastián Romero, conocido como “el Gordo Mortero”, quien fue juzgado y finalmente absuelto en 2023 al no comprobarse daños derivados de su accionar en una protesta anterior.
La jornada concluyó con un amplio despliegue policial en las calles aledañas y alrededor de treinta detenciones. Con el paso de las horas, la mayoría recuperó la libertad y, al cierre del día, solo quedaban cinco personas demoradas, algunas por causas menores.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo amplió las imputaciones, incluyendo figuras como atentado al orden constitucional y resistencia a la autoridad. Sin embargo, la controversia continúa: entre acusaciones de sobreactuación, dudas sobre las pruebas y versiones contrapuestas, lo cierto es que la postal final fue la de una plaza vacía y un debate abierto sobre los límites del accionar estatal frente a la protesta social.
