El conflicto que atraviesa la histórica fábrica de neumáticos FATE continúa sumando capítulos y esta vez llegará al ámbito del Congreso de la Nación. Trabajadores despedidos de la empresa decidieron trasladar su reclamo al Parlamento con el objetivo de visibilizar la situación que afecta a cientos de familias y exigir medidas concretas para garantizar la continuidad laboral.
La audiencia pública se realizará este viernes a las 16 horas en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados. El encuentro fue convocado por legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de Unión por la Patria, quienes manifestaron su intención de escuchar a los trabajadores y analizar posibles alternativas frente a la crisis que atraviesa el sector.
Entre los principales oradores estará el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, quien expondrá sobre la situación actual de la planta y el impacto que tuvieron los despidos en la actividad. También participará una delegación de dirigentes sindicales, delegados y operarios provenientes tanto de FATE como de otras fábricas vinculadas a la industria del neumático.
Desde el ámbito legislativo, los diputados de izquierda Romina Del Plá y Néstor Pitrola, impulsores de la convocatoria, expresaron su respaldo a las medidas adoptadas por los trabajadores. Ambos dirigentes señalaron que acompañan el reclamo por la defensa de los puestos laborales y respaldaron la propuesta surgida en asamblea que plantea la ocupación temporaria de la planta como forma de preservar la producción.
En paralelo, el sindicato impulsa un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de utilidad pública la producción de la fábrica. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad de la actividad industrial y propone que el gobierno provincial asuma transitoriamente la administración de la planta hasta encontrar una solución definitiva que permita sostener el empleo.
El conflicto también se vio atravesado por fuertes declaraciones desde el ámbito político. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente al propietario de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, a quien calificó como un empresario que se habría beneficiado históricamente de privilegios estatales.
Mientras tanto, el caso tomó mayor relevancia institucional luego de que el Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina resolviera sancionar a la compañía por incumplimientos en el pago de salarios durante el período de conciliación obligatoria. La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la instancia conciliatoria por cinco días adicionales, luego de que venciera el plazo inicial establecido el 11 de marzo.
Sin embargo, desde el sector sindical advierten que, más allá de estas medidas administrativas, todavía no se presentó un plan concreto desde el Estado que permita reactivar la planta y garantizar la continuidad de la producción.
En este contexto, la audiencia pública en el Congreso aparece como un nuevo escenario para exponer el conflicto y presionar por una salida que contemple la reapertura de la fábrica y la reincorporación de los trabajadores despedidos. Para quienes siguen de cerca esta situación, el debate ya no solo involucra a una empresa, sino que también pone en discusión el futuro de la industria y el rol del Estado frente a crisis laborales de gran impacto social.
