
La Cámara de Diputados inicia este miércoles una instancia decisiva en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, con la apertura de audiencias públicas que reunirán a cientos de expositores de todo el país. Desde las 10 de la mañana, el Congreso será escenario de un intenso debate que se extenderá durante dos jornadas, combinando participación presencial y virtual, en un contexto atravesado por cuestionamientos políticos, reclamos ambientales y presentaciones judiciales.
El esquema fue diseñado por el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, ante la masiva convocatoria que superó los 100 mil inscriptos. En total, se prevé la participación de unos 400 oradores: 200 de ellos expondrán de manera presencial en la primera jornada, mientras que otros 200 lo harán al día siguiente a través de una modalidad remota. El resto de los interesados deberá enviar sus aportes mediante escritos o material audiovisual.
Sin embargo, la organización de estas audiencias no está exenta de polémica. Sectores de la oposición, como Unión por la Patria y bloques de izquierda, anticiparon cuestionamientos por la limitación en la cantidad de oradores y el tiempo asignado a cada exposición, que será de apenas cinco minutos. También plantean la necesidad de extender el número de jornadas para garantizar una mayor participación ciudadana.
Las audiencias estarán coordinadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes deberán administrar los tiempos con rigurosidad para permitir que todos los inscriptos puedan expresarse. Desde la organización se informó que el acceso al recinto estará restringido únicamente a quienes hayan sido previamente notificados, mientras que la actividad será transmitida por los canales oficiales del Congreso.
En paralelo, el desarrollo de estas jornadas se da bajo la atenta mirada de la Justicia. Un primer intento de frenar las audiencias fue rechazado por el juez Enrique Regeuira, quien desestimó una medida cautelar presentada por particulares. No obstante, aún resta la resolución de otra presentación judicial impulsada por organizaciones ambientalistas, que reclaman la posibilidad de participación oral para todos los inscriptos.
Entre las entidades que impulsan este pedido se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace, junto a otros espacios académicos y jurídicos, que advierten sobre la importancia de garantizar un proceso amplio, transparente y verdaderamente participativo.
A este escenario se suma la convocatoria a una movilización en las inmediaciones del Congreso, protagonizada por organizaciones ambientalistas que buscan visibilizar su rechazo a posibles modificaciones de la normativa vigente. Como consecuencia, se dispusieron cortes de tránsito en distintos puntos estratégicos del centro porteño, lo que generará complicaciones en la circulación durante toda la jornada.
De esta manera, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares comienza rodeado de expectativas y tensiones, en una discusión que no solo involucra aspectos técnicos y legales, sino también el futuro de los recursos naturales y el equilibrio ambiental en la Argentina.