El Gobierno nacional transita horas de intenso debate interno mientras ultima los detalles del proyecto de reforma del Código Penal que pretende enviar a sesiones extraordinarias. En el centro de la discusión se encuentran dos puntos que han generado especial atención y controversia: la eventual eliminación de la figura del femicidio como agravante y la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.
Durante una conferencia realizada este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció algunas señales sobre el rumbo que podría tomar la iniciativa. Aunque evitó definiciones tajantes, dejó entrever que el oficialismo aún no descarta realizar modificaciones profundas, incluso en cuestiones tan sensibles como el femicidio. Una alta figura del Ejecutivo sostuvo que “todo está a estudio” y que las últimas decisiones se tomarían entre la jornada del lunes y el martes, lo que subraya el clima de hermetismo que rodea al proyecto.
La incertidumbre se profundizó cuando, consultada por la continuidad de la figura del femicidio, Bullrich manifestó que no había nada definitivo. Este punto ya había sido impulsado desde la Casa Rosada a comienzos de 2025 bajo el argumento de avanzar hacia una supuesta “igualdad ante la ley”. La idea formaba parte de un paquete más amplio que proponía derogar normas que consideraban vinculadas a la “discriminación positiva”.
Las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos semanas atrás también alimentaron el debate. Allí afirmó que el agravante de femicidio implicaba, en la práctica, que la vida de una mujer “vale más” que la de un hombre, generando fuertes reacciones de sectores especializados en violencia de género, organizaciones civiles y referentes políticos.
A partir de ese planteo, surgió un interrogante clave: ¿la eliminación del femicidio podría favorecer a los condenados por este tipo de delitos? Desde el Gobierno aseguran que no, remarcando que una eventual modificación no permitiría aplicar el principio de la ley más benigna ni abriría la puerta a reducciones de penas.
Mientras tanto, quienes trabajan en la letra fina del articulado —entre ellos Bullrich, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal— mantienen estricta reserva sobre los avances y sobre el contenido final que presentarán. En este clima de expectativa y tensión, la sociedad aguarda definiciones que podrían marcar un antes y un después en la legislación penal argentina, especialmente en un contexto donde la violencia de género continúa siendo una problemática urgente y de alto impacto social.
