La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares ya genera un enorme interés público. A diez días del cierre de inscripciones para las audiencias públicas convocadas en el Congreso, más de 27 mil personas ya se registraron para participar del debate sobre el proyecto que propone modificar la normativa que protege las reservas estratégicas de agua dulce del país.
Las audiencias fueron convocadas para los días 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se analizará la iniciativa impulsada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. El proyecto plantea cambios que permitirían a las provincias tener mayor poder de decisión respecto a la habilitación de actividades mineras en zonas cercanas a glaciares y áreas periglaciares.
Sin embargo, el número de inscriptos supera ampliamente el tiempo disponible previsto para las exposiciones, lo que ya genera interrogantes dentro del propio Congreso. Con el esquema planteado por el oficialismo, cada expositor tendría un máximo de cinco minutos para presentar su postura, en un horario establecido entre las 10 y las 19 horas. Bajo esas condiciones, el cálculo indica que apenas alrededor de 200 personas podrían intervenir durante las dos jornadas programadas.
El llamado a audiencias se formalizó la semana pasada durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, encabezadas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, ambos integrantes del oficialismo. Durante esa reunión, distintos bloques opositores solicitaron ampliar el esquema de debate mediante audiencias federales y sin un límite estricto de tiempo, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana. Sin embargo, la propuesta oficial sólo sumó un día adicional de exposiciones.
El acuerdo final estableció que el 25 de marzo las presentaciones se realizarán de manera presencial en el edificio anexo del Congreso, mientras que el 26 se desarrollarán de forma virtual, buscando así facilitar la participación de ciudadanos de distintas provincias del país.
Frente a la gran cantidad de inscriptos, comenzó a instalarse en los pasillos del Parlamento una discusión clave: cómo garantizar que todos los participantes puedan expresarse y, al mismo tiempo, cumplir con los principios de participación ciudadana establecidos por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
En ese contexto, varios legisladores opositores enviaron una carta a las autoridades de la Cámara para solicitar que se amplíen las audiencias. Entre quienes impulsaron ese pedido se encuentran los diputados Maximiliano Ferraro, María Inés Zigarán y Sabrina Selva, quienes reclamaron que se garantice un proceso de debate amplio y verdaderamente representativo.
La reforma ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación Argentina, obtenida a fines de febrero tras un tratamiento relativamente rápido en comisiones durante diciembre. Ese procedimiento acelerado generó críticas incluso dentro de la propia Cámara alta, donde algunos legisladores expresaron reparos sobre la profundidad del análisis realizado.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo responde a reclamos de provincias con fuerte actividad minera, especialmente aquellas vinculadas a la producción de litio y cobre. Entre otras modificaciones, la iniciativa propone otorgar a las jurisdicciones provinciales un rol central en los estudios de impacto ambiental y en la autorización de explotaciones mineras en zonas sensibles.
La propuesta también reconfiguraría el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares, cuya función podría quedar más limitada dentro del nuevo esquema.
Ante este escenario, organizaciones ambientales, especialistas en derecho constitucional y distintos sectores de la sociedad civil advierten que el debate podría convertirse en uno de los más importantes del año en materia ambiental. Con miles de ciudadanos interesados en participar, el desafío ahora será encontrar un mecanismo que permita escuchar todas las voces y garantizar un proceso de discusión transparente y plural en torno a una ley clave para la protección de los recursos naturales del país.
