La reciente decisión del Gobierno Nacional de derogar el Decreto 2417/1993 marca un cambio profundo —y preocupante— en el sistema educativo argentino. Tras más de tres décadas de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes, las instituciones podrán ahora fijar y modificar sus cuotas sin necesidad de informar previamente ni esperar autorización oficial. Detrás del discurso de la “autonomía institucional”, muchos especialistas ven un paso más hacia la mercantilización de la educación.
Hasta ahora, las familias contaban con cierta previsibilidad: los colegios debían comunicar antes de noviembre los valores de matrícula y cuotas para el año siguiente. Esa obligación se eliminó por completo. Desde este momento, cada institución podrá aumentar sus precios cuando lo considere necesario, con la sola exigencia de informar los nuevos valores después de aplicarlos. Esto significa que los padres podrían enfrentarse a subas sorpresivas en cualquier momento del ciclo lectivo, sin mecanismos de contención ni límites definidos.
El Ejecutivo argumenta que la medida permitirá “ajustes graduales y realistas”, pero los antecedentes recientes no parecen alentadores. En 2024, mientras la inflación general fue del 117,8%, las cuotas escolares subieron un 169%. Con la eliminación de todo control, nada impide que esa brecha se amplíe aún más, dejando a miles de familias a merced de incrementos desproporcionados.
El impacto podría sentirse con especial dureza en la clase media, principal sostén de la educación privada sin subsidios, que ya destina una parte significativa de sus ingresos al pago de cuotas. Lejos de garantizar una “educación de calidad”, la medida consolida un modelo en el que estudiar dependerá cada vez más del poder adquisitivo y menos del derecho a la igualdad de oportunidades.
Mientras el Gobierno celebra la “libertad educativa”, la realidad es que miles de padres temen un nuevo golpe al bolsillo y una mayor brecha entre quienes pueden pagar una cuota más alta y quienes quedarán fuera del sistema. En tiempos de ajuste y pérdida de poder adquisitivo, abrir la puerta a aumentos sin control parece menos una solución que un paso más hacia la desigualdad.
