En un nuevo capítulo de tensión institucional, la Justicia volvió a pronunciarse sobre una decisión del gobierno de Javier Milei, esta vez en relación con la Ley de Financiamiento Universitario. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con aspectos centrales de la norma y cuestionó con dureza algunos de los argumentos oficiales, calificándolos como “poco serios”.
El fallo, emitido por la Sala III, pone el foco en los artículos vinculados a la actualización de salarios docentes y no docentes, así como en la adecuación de las becas estudiantiles. Según los magistrados, la negativa del Gobierno a aplicar la ley no encuentra fundamentos sólidos, especialmente al intentar sostener que la cautelar equivaldría a una sentencia definitiva. En ese sentido, remarcaron que está en juego nada menos que el derecho a enseñar y aprender, advirtiendo sobre el impacto que podría generar la falta de financiamiento en el sistema educativo.
Desde el ámbito universitario, la resolución fue recibida como un respaldo contundente. El Consejo Interuniversitario Nacional, que había impulsado la acción judicial, destacó la claridad del fallo y reiteró que la ley no representa un riesgo fiscal significativo. De hecho, los jueces coincidieron en que el costo estimado —calculado en apenas el 0,23 por ciento del PBI— resulta marginal dentro del presupuesto general del Estado.
El conflicto también involucra a los trabajadores del sector. Desde los gremios docentes y no docentes se insiste en la necesidad urgente de recomponer los salarios, que han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Se estima que la aplicación de la ley implicaría un incremento cercano al 50 por ciento, alcanzando a unos 200 mil trabajadores en todo el país. En paralelo, se reclama la reapertura de paritarias con una actualización periódica acorde a la inflación.
Otro punto clave del fallo es la situación de las becas estudiantiles, cuyos montos permanecen desactualizados frente al contexto económico. Organizaciones estudiantiles advirtieron que continuarán con las medidas de protesta hasta que se garantice el cumplimiento efectivo de la ley, marcando un clima de creciente conflictividad en el ámbito universitario.
Pese al revés judicial, desde el Gobierno anticiparon que buscarán llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. Sin embargo, especialistas y referentes del sector advierten que este tipo de medidas cautelares no suelen ser revisadas por el máximo tribunal, lo que podría dejar al Ejecutivo en una posición compleja si decide no acatar la resolución vigente.
El escenario general refleja una situación crítica. Informes recientes señalan una fuerte caída en el poder adquisitivo de los salarios universitarios, junto con una reducción significativa en las transferencias destinadas al funcionamiento de las instituciones. En este contexto, sindicatos y centros de estudiantes profundizan su plan de lucha, con paros y movilizaciones en distintos puntos del país.
Mientras tanto, el debate continúa abierto y suma un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el sistema universitario, con la Justicia como actor clave en la definición del rumbo inmediato.