La decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización del cálculo del Índice de Precios al Consumidor volvió a encender una fuerte controversia económica e institucional. La marcha atrás con el nuevo esquema de medición de la inflación no solo derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo estadístico, sino que también abrió interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la determinación adoptada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La actualización del IPC estaba técnicamente lista desde mediados de 2024 y había sido anunciada para comenzar a aplicarse en enero de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo decidió frenar su implementación con el argumento de que primero debía consolidarse el proceso de desinflación. Para muchos especialistas, esa explicación encubre una decisión política: mantener un índice que subestima el peso real de los aumentos en servicios y permite mostrar una baja más acelerada de la inflación.
El punto central del debate está en las ponderaciones que se utilizan para calcular el índice. Actualmente, el IPC se basa en una encuesta de gastos de los hogares realizada en 2004/2005, cuando la estructura de consumo era muy distinta a la actual. La actualización prevista incorporaba datos de la encuesta 2017/2018, que reflejan un fenómeno global: las familias destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a servicios como transporte, energía, comunicaciones, internet y plataformas digitales, mientras disminuye el peso relativo de los bienes.
Durante buena parte de 2024 y 2025, los alimentos aumentaron por debajo del promedio general de la inflación, ayudados por la estabilidad cambiaria, la apertura comercial y la caída del consumo. En ese mismo período, los servicios registraron subas muy superiores. Mantener el índice viejo permitió que ese encarecimiento no impactara de lleno en la medición oficial, generando una sensación de alivio inflacionario mayor a la que realmente se vivió en los hogares.
Según estimaciones de consultoras privadas y observatorios sociales, si el nuevo IPC se hubiera aplicado desde fines de 2023, la inflación acumulada habría sido entre 11 y 15 puntos porcentuales más alta. Puede parecer una diferencia técnica, pero tiene efectos muy concretos: salarios, jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales se ajustan en función de ese índice. Cada punto de inflación que no se mide es un punto que no se traslada a los ingresos.
En el corto plazo, la diferencia mensual entre un índice y otro sería pequeña. Incluso para enero, las estimaciones mostraban cifras muy similares. El verdadero impacto aparece con el correr de los meses, especialmente en contextos como el de febrero, cuando la quita de subsidios y los aumentos en tarifas empujan con fuerza a los servicios. Allí, el nuevo cálculo comenzaría a mostrar una inflación más alta y sostenida en el tiempo.
Desde una mirada económica, la postergación del nuevo IPC también funciona como un ancla salarial. Con el índice actual, los salarios privados registrados aparecen apenas por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Con las ponderaciones actualizadas, la pérdida del poder adquisitivo sería sensiblemente mayor, tanto en el sector privado como, sobre todo, en el sector público.
Así, la discusión sobre el índice de inflación deja de ser un debate técnico y se convierte en una disputa política de fondo. En juego no solo está la credibilidad de las estadísticas oficiales, sino también la forma en que se distribuye el ajuste y quiénes terminan pagando el costo real de la desinflación que el Gobierno busca exhibir como uno de sus principales logros.