Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, volvieron a encender el debate en torno a la medición de la inflación en la Argentina y dejaron al descubierto diferencias internas dentro del propio Gobierno. Al reconocer que el presidente Javier Milei no estaba de acuerdo con la implementación de una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor, Caputo confirmó que esa discrepancia fue determinante para la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec.
Según explicó el ministro, la metodología que se pretendía aplicar no era realmente nueva, sino que correspondía a una actualización elaborada en 2017, basada en una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada entre 2017 y 2018. Sin embargo, a pesar de contar con ese trabajo técnico, el Gobierno decidió continuar utilizando el esquema vigente desde 2004 para medir el IPC. Caputo sostuvo que esta decisión se mantendrá hasta que el proceso de desinflación, al que el Ejecutivo apuesta como uno de los pilares de su gestión, esté plenamente consolidado.
En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda anunció la intención de avanzar en la elaboración de un nuevo índice que refleje con mayor precisión los hábitos de consumo actuales. No obstante, evitó precisar plazos concretos y dejó abierta la posibilidad de que su aplicación se postergue varios años, incluso más allá del calendario electoral de 2027. Esta indefinición genera preocupación, ya que la medición de la inflación impacta de manera directa en jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales como la AUH y en indicadores clave como el nivel de pobreza y el cálculo del producto bruto interno.
Lavagna, quien había asumido al frente del Indec durante el gobierno de Alberto Fernández, había logrado sostener una relación institucional sin mayores sobresaltos con la administración libertaria. Con el paso de los días, quedó claro que su salida no respondió a su pasado político, sino al contexto económico actual, marcado por una inflación que volvió a mostrar señales de aceleración. En ese escenario, la aplicación de un índice actualizado podía exponer cifras más elevadas en un momento políticamente sensible.
Caputo admitió públicamente que compartía con el Presidente el rechazo al cambio metodológico y argumentó que los patrones de consumo actuales podrían diferir tanto de los relevados en 2018 que resultaría poco conveniente introducir la modificación en este momento. Bajo esa lógica, defendió la continuidad de la medición histórica hasta completar el proceso de desinflación.
La polémica sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó la decisión de Lavagna de abandonar el cargo. La legisladora sugirió que el exfuncionario podría haber permanecido en su puesto y adaptarse a las decisiones del equipo económico, e incluso dejó entrever dudas sobre las verdaderas intenciones de su salida.
Así, el debate sobre cómo medir la inflación se transformó en algo más que una discusión técnica: expuso tensiones políticas, diferencias de criterio y un tema central para la vida cotidiana de millones de argentinos, que siguen de cerca cada número que define el poder adquisitivo de sus ingresos.