Una nueva decisión del Gobierno nacional volvió a encender las alarmas en el sector estatal y entre los trabajadores de mayor edad. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dispuso que los empleados públicos que hayan alcanzado la edad jubilatoria deberán cesar en sus funciones, aun cuando no cuenten con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. La medida, anunciada por el ministro Federico Sturzenegger, impacta de manera directa en un grupo particularmente vulnerable dentro de la administración pública.
La resolución establece que los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años solo podrán extenderse por un plazo máximo de seis meses. Para renovar esas contrataciones, los organismos deberán presentar obligatoriamente la constancia de intimación a jubilarse de aquellos empleados que ya alcanzaron la edad prevista por la ley. El problema central es que una parte significativa de estas personas no reúne los requisitos legales para jubilarse, lo que las deja ante un escenario crítico: perder el empleo sin acceder a una jubilación contributiva.
En esos casos, la única alternativa disponible sería la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM. Este beneficio equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y actualmente ronda los 279 mil pesos. Sin embargo, no otorga los mismos derechos que una jubilación común: no genera pensión por fallecimiento y solo garantiza el acceso al PAMI, sin el conjunto completo de prestaciones previsionales.
La decisión se da en un contexto económico marcado por el ajuste y la recesión. En la Argentina, cerca de 1.100.000 jubilados continúan trabajando, lo que representa casi el 19% del total y un aumento del 60% respecto de una década atrás. Este dato refleja las dificultades crecientes para sostenerse únicamente con ingresos previsionales.
Desde distintos sectores advierten que la medida podría afectar seriamente el funcionamiento del Estado. En muchos casos, los trabajadores alcanzados son los únicos técnicos con experiencia específica en determinadas áreas o integran dependencias que ya operan con dotaciones mínimas. La jubilación forzosa, señalan, podría profundizar el vaciamiento de áreas clave de la administración pública.
No es la primera vez que el ministerio avanza en esta línea. Meses atrás, una resolución similar intimó a jubilarse a unos 10.000 trabajadores que sí cumplían con los requisitos, de los cuales más de 6.800 pertenecían a la planta permanente. Este proceso se suma a la reducción sostenida del empleo público: la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con poco más de 280.000 trabajadores, tras una caída interanual del 7,2%. En términos absolutos, se eliminaron más de 63.000 puestos, lo que equivale a casi 80 despidos por día.
A este panorama se suma la decisión de no prorrogar la moratoria previsional que permitía regularizar aportes faltantes. Durante el último año de vigencia, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron por ese mecanismo, lo que anticipa un fuerte impacto social.
Desde los gremios estatales, la reacción fue inmediata. Consideran que la medida empuja a miles de trabajadores a una disyuntiva extrema: aceptar una pensión reducida o quedar directamente fuera del sistema. En un escenario de ajuste profundo, la jubilación forzosa aparece así como un nuevo foco de conflicto social y político, con consecuencias que todavía están lejos de dimensionarse por completo.