Una nueva escena de tensión social se vivió este miércoles frente al Congreso Nacional, donde jubilados y jubiladas que se manifestaban de manera pacífica fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad mientras reclamaban por mejoras en sus haberes y condiciones de vida. Como ocurre cada semana, un grupo de adultos mayores se concentró en las inmediaciones del Parlamento con el objetivo de visibilizar una situación que, aseguran, se vuelve cada vez más crítica. Sin embargo, la protesta terminó envuelta en violencia, gases, chorros de agua y detenciones que generaron indignación.
El operativo fue desplegado cuando los manifestantes se encontraban sobre la vereda, repartiendo volantes y realizando acciones simbólicas, como lanzar burbujas, para llamar la atención sobre su reclamo sin interrumpir el tránsito ni provocar incidentes. Pese a ese carácter pacífico, efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal avanzaron contra los jubilados con bastones y empujones, en una intervención que fue considerada desmedida por quienes presenciaron los hechos. Varios adultos mayores resultaron golpeados y algunos fueron demorados sin que se explicaran claramente los motivos.
La represión se produjo bajo la supervisión de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en lo que fue una de sus primeras intervenciones visibles al frente de la cartera. Para muchos observadores, el accionar marcó una continuidad con la línea de mano dura aplicada en etapas anteriores, donde la respuesta del Estado frente a la protesta social se apoya en el uso de la fuerza antes que en el diálogo.
Mientras en el exterior del Congreso se vivían estos momentos de tensión, en el interior del recinto avanzaba el debate del Presupuesto 2026, un proyecto que despierta fuertes cuestionamientos por los recortes previstos en áreas sensibles. Entre los puntos más discutidos se encuentran las partidas destinadas a jubilaciones, políticas de discapacidad y el financiamiento universitario, tres sectores que ya vienen siendo golpeados por el ajuste económico.
Los jubilados, protagonistas de la protesta, sostienen que llevan años reclamando una pensión que les permita cubrir necesidades básicas como medicamentos, alimentos y servicios. En ese contexto, sienten que las decisiones presupuestarias profundizan su exclusión y los dejan cada vez más expuestos. La imagen de adultos mayores reprimidos mientras se discuten recortes a sus derechos se convirtió, para muchos, en un símbolo del momento que atraviesa el país.
La jornada dejó en evidencia un escenario de fuerte contraste: dentro del Congreso, debates técnicos y políticos sobre números y partidas; afuera, jubilados reclamando dignidad y recibiendo como respuesta la represión. Un mensaje que, según denuncian distintos sectores, refleja una política que prioriza el ajuste y el control del conflicto social, aun cuando quienes protestan son los más vulnerables.
