Con la convicción de que la reforma laboral será aprobada este viernes en el Senado, la conducción de la CGT resolvió no convocar a un paro general ni impulsar una movilización masiva en la previa de la votación. La estrategia definida apunta a dar la batalla en el plano judicial. En ese marco, el próximo lunes la central obrera presentará un amparo contra la nueva ley y realizará una concentración en Plaza Lavalle para acompañar la acción legal.
La decisión se tomó durante una reunión de mesa chica ampliada realizada en la sede de UPCN, el sindicato estatal que conduce Andrés Rodríguez. Allí se evaluaron los escenarios posibles y se concluyó que, una vez sancionada la norma, el camino más viable será cuestionar su constitucionalidad ante los tribunales.
El integrante del triunvirato cegetista Jorge Sola fue quien puso en palabras la resolución. Señaló que la central avanzará con una presentación judicial basada en el análisis legal que vienen realizando, focalizada en los aspectos que consideran inconstitucionales del proyecto. Si bien no precisó cuáles serán los artículos impugnados, adelantó que el planteo se centrará en disposiciones que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como también la representación gremial.
La modalidad elegida recuerda a lo ocurrido a fines de 2023, cuando la CGT impulsó una acción judicial contra el DNU 70/23. En aquella oportunidad, la central logró frenar el capítulo laboral del decreto. Ahora, sin embargo, la conducción decidió limitar la convocatoria del lunes a dirigentes y delegados sindicales, evitando una movilización abierta de trabajadores. Una decisión que, puertas adentro, generó cuestionamientos y dejó al descubierto las tensiones internas.
Dentro de la reunión hubo algunas voces disidentes. Juan Carlos Schmid propuso avanzar con paros sectoriales, mientras que Omar Maturano, titular de La Fraternidad, reclamó la convocatoria a un Comité Central Confederal para definir un plan de lucha. Ninguna de esas iniciativas prosperó.
Del encuentro participaron, además de Sola, otros dirigentes de peso como Héctor Daer, Hugo Moyano, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, entre otros. Según trascendió, Cavalieri cuestionó tanto la fragmentación del peronismo como la pasividad de la propia CGT, al advertir que “solo se critica y no se actúa”, aunque sus palabras no modificaron el rumbo adoptado.
La conducción cegetista insistió en que el “costo político” de la reforma debe recaer sobre el peronismo en el Congreso, una postura que viene sosteniendo desde diciembre pasado. Mientras tanto, el proyecto avanza en línea con los compromisos asumidos por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, sin que las gestiones sindicales hayan logrado frenar el proceso legislativo.
En paralelo, un sector más combativo del sindicalismo decidió tomar otro camino. Los gremios nucleados en el FreSU anunciaron un paro de 36 horas y una movilización al Congreso para este viernes. Allí confluyen sindicatos como la UOM de Abel Furlán, los aceiteros de Daniel Yofra, el SOMU de Raúl Durdos, gremios aeronáuticos y las dos CTA.
Desde ese espacio anticiparon que las protestas continuarán y que buscarán ampliar el frente a nivel nacional. Mientras la CGT apuesta a los tribunales, el mapa sindical muestra estrategias divergentes frente a una reforma que promete redefinir el mundo del trabajo y profundiza la disputa sobre cómo defender los derechos laborales en el actual contexto político.