La educación técnico profesional quedó en el centro de una nueva disputa judicial luego de que estudiantes, familiares y docentes de escuelas técnicas presentaran una acción de amparo para frenar el desfinanciamiento previsto en el Presupuesto 2026. La iniciativa busca dejar sin efecto un artículo clave de la ley presupuestaria impulsada por el gobierno de Javier Milei, al considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo la continuidad de una modalidad educativa estratégica para el desarrollo productivo del país.
La presentación judicial cuestiona específicamente el Artículo N.º 30 del presupuesto aprobado por el Congreso, que introdujo una serie de modificaciones profundas en materia de financiamiento educativo. Entre ellas, la derogación del fondo nacional que sostenía a las escuelas técnicas, un instrumento central para garantizar recursos mínimos destinados a infraestructura, equipamiento, formación docente y actualización tecnológica. Las familias y la comunidad educativa sostienen que esta decisión es inconstitucional y reclaman la restitución inmediata de los fondos eliminados.
El artículo cuestionado avanzó sobre tres ejes sensibles. En primer lugar, eliminó la meta de inversión educativa del 6 por ciento del PBI establecida por la Ley de Educación Nacional. En segundo término, derogó disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban parámetros mínimos de financiamiento. Y, finalmente, suprimió el Artículo N.º 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un piso del 0,2 por ciento del presupuesto nacional para el sostenimiento de esta modalidad.
Desde el colectivo que impulsa el amparo advierten que el impacto del recorte es severo. Según detallan, el presupuesto destinado a la educación técnica para 2026 representa una caída cercana al 93 por ciento en comparación con valores equivalentes de 2023. En términos concretos, se asignarían apenas 11 mil millones de pesos cuando, de respetarse la ley vigente, deberían destinarse más de 300 mil millones. Para los denunciantes, este escenario compromete seriamente la formación de técnicos profesionales y revela una falta de interés oficial en fortalecer la producción nacional.
La acción judicial fue presentada por dos estudiantes de escuelas técnicas junto a sus padres, en representación de un colectivo más amplio integrado por familias, docentes y alumnos de distintas instituciones del país. En el escrito, se enumeran cinco argumentos centrales que sustentan la inconstitucionalidad del artículo impugnado. Entre ellos, se destaca que una ley de presupuesto anual no puede derogar leyes permanentes que reconocen derechos fundamentales, como el derecho a la educación.
Además, se señala que eliminar los pisos de inversión vacía de contenido ese derecho, al privarlo de financiamiento suficiente, continuo y previsible. También se advierte sobre la violación del principio de progresividad, ya que se eliminan garantías previamente consolidadas, y se denuncia un efecto discriminatorio, dado que los sectores con menos recursos quedarían excluidos del acceso a una educación de calidad. Finalmente, se remarca que la educación es un derecho en desarrollo y que interrumpir las trayectorias educativas provoca daños difíciles de revertir.
El amparo quedó radicado en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora deberá decidir si trata el caso durante la feria judicial y si hace lugar a la medida cautelar solicitada. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de alerta, a la espera de una definición que podría marcar un precedente clave para el futuro del sistema educativo argentino.
