La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el nuevo pedido de Cristina Fernández de Kirchner para suspender el inicio del juicio oral en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, uno de los expedientes más emblemáticos sobre presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas. El proceso judicial comenzará este jueves, con el juez Néstor Costabel designado como suplente.
La expresidenta había solicitado demorar el inicio del debate hasta que quedara firme la recusación contra una magistrada del tribunal. Sin embargo, los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, integrantes de la Sala I de Casación, consideraron que el planteo no tenía fundamentos jurídicos suficientes. En su fallo, señalaron que el pedido “no reviste el carácter de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos” y que los argumentos de la defensa “no demuestran un agravio concreto ni una cuestión federal válida”.
La recusación se había dirigido contra la jueza Gabriela López Iñíguez, designada como suplente del Tribunal Oral Federal N.º 8, por haber intervenido previamente en la causa del Memorándum con Irán, en la que Cristina Kirchner fue sobreseída sin juicio oral. Ante este antecedente, la fiscal Fabiana León pidió su apartamiento, lo que derivó en una serie de sorteos para cubrir la vacante.
El primer juez designado fue Andrés Basso, quien había condenado a la exmandataria en la causa Vialidad, pero decidió excusarse “por prudencia institucional”. Finalmente, el cargo recayó en Néstor Costabel, recordado por haber dictado sentencia contra Lázaro Báez en la causa “La ruta del dinero K”. Costabel adelantó que no piensa apartarse, pese a que las defensas podrían intentar recusarlo.
El tribunal que llevará adelante el juicio estará conformado por Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori, con Costabel como suplente. El proceso investigará una presunta red de sobornos y pagos ilegales entre empresarios y exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas, en un contexto político marcado por la promesa del presidente Javier Milei de “poner fin a la corrupción del pasado” y reforzar la transparencia institucional.
Con esta decisión, la Justicia despeja el camino para un juicio que promete ser uno de los más trascendentes de los últimos años en la historia política y judicial argentina.
