Mendoza se encamina hacia una nueva jornada de protesta que promete marcar el pulso social y político de la provincia. Bajo la consigna “El agua de Mendoza no se negocia”, organizaciones ambientales, asambleas vecinales y diversos sectores sociales se movilizarán hacia la Casa de Gobierno para rechazar la aprobación de la ley que avala la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge. La convocatoria se da en un territorio con una extensa tradición de defensa del agua y en un clima de creciente tensión social.
La protesta principal tendrá lugar este martes, aunque desde la noche anterior comenzarán las concentraciones y caravanas desde distintos puntos de la provincia. Desde General Alvear, Uspallata, el Valle de Uco y otras zonas, los manifestantes confluirán en el centro de la capital mendocina para marchar desde el Kilómetro Cero hasta la sede del Poder Ejecutivo provincial. Se trata de una movilización amplia, integrada por 15 asambleas de las 18 regiones existentes, en la que participan ambientalistas, estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores de distintos sectores.
El detonante de esta nueva ola de manifestaciones fue la convalidación legislativa del proyecto minero de cobre San Jorge, ubicado en Uspallata. Aunque en Mendoza rige una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera, el oficialismo argumentó que los químicos previstos para esta explotación no se encuentran alcanzados por esa normativa. Desde distintos espacios científicos y ambientales, sin embargo, se advierte sobre los riesgos que estos compuestos podrían implicar para las cuencas hídricas superficiales y subterráneas, así como para la producción agrícola y vitivinícola.
Mientras en el centro mendocino se vive el clima previo a las fiestas de fin de año, con calles colmadas de compradores y vendedores ambulantes, la protesta avanza como un contraste inevitable. Muchos vecinos expresan su preocupación por el futuro del agua potable y por el impacto que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana. Incluso personas que nunca habían participado de una marcha anticipan su presencia, convencidas de que el acceso al agua es un límite que no se puede cruzar.
La fecha elegida no es casual. Remite a las masivas movilizaciones de 2019, cuando un intento de modificar la ley que protege el agua derivó en una histórica reacción popular. En ese espíritu, estudiantes secundarios y universitarios volvieron a organizarse, realizando asambleas y encuentros interinstitucionales. La participación de jóvenes y niños es leída por muchos como una señal de continuidad generacional en la defensa de los bienes comunes.
Desde el gobierno provincial, el gobernador Alfredo Cornejo cuestionó la consigna central de las protestas y defendió la posibilidad de debatir el uso del agua en función del desarrollo productivo. Su alineación política con el presidente Javier Milei y el impulso a cambios en normativas vinculadas a la minería y los glaciares son señalados por las asambleas como factores que aceleraron el avance de estos proyectos. A esto se suma un clima de tensión por episodios de represión en movilizaciones anteriores y la detención de manifestantes, situaciones que profundizaron el malestar social.
En paralelo, el lunes por la tarde se desarrolló una caravana en defensa de la educación pública secundaria. Docentes y estudiantes rechazaron una reforma educativa impulsada por el Ejecutivo provincial, a la que consideran regresiva y alineada con una visión de ajuste. Para muchos, la defensa del agua y de la educación forman parte de una misma discusión de fondo sobre el modelo de provincia y de país que se busca construir.
Así, Mendoza se prepara para una nueva “gesta por el agua”, con las calles como escenario y la participación ciudadana como protagonista central de un debate que atraviesa lo ambiental, lo político y lo social.
