La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido trasladar su estrategia de resistencia al ámbito de los tribunales. Este lunes, las principales columnas gremiales concentrarán en Plaza Lavalle para respaldar formalmente una presentación judicial que busca frenar la entrada en vigencia de la reciente reforma laboral. La medida apunta a que la Justicia dicte una medida cautelar y, eventualmente, declare la inconstitucionalidad de los puntos que la central obrera considera una regresión histórica en materia de derechos.
El eje del reclamo: el principio de progresividad
El argumento central de la presentación se basa en la vulneración del principio de progresividad, un pilar del derecho laboral que establece que las conquistas sociales, una vez alcanzadas, no pueden ser recortadas ni eliminadas, sino únicamente mejoradas. Según los equipos legales de la organización, la normativa aprobada contradice este precepto constitucional al reducir protecciones consolidadas durante décadas.
Entre los artículos más cuestionados por la entidad sindical se encuentran:
- Restricción del derecho a huelga: Se critica la ampliación de las «actividades esenciales», que obligaría a mantener entre el 50 % y el 75 % de los servicios operativos durante un paro, lo que para los asesores legales equivale a una prohibición técnica de la huelga.
- Limitación de asambleas: La reforma restringe el derecho a realizar reuniones sindicales en los ámbitos y horarios de trabajo, afectando la dinámica de organización interna.
- Criminalización de la protesta: Se redefinen los bloqueos a establecimientos como «infracciones muy graves» y se habilitan acciones judiciales por «prácticas desleales» ante la convocatoria de asambleas.
La Justicia como resorte republicano
Mientras se define si la impugnación recaerá en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, la presencia gremial en las calles busca dar un mensaje de unidad y firmeza. Para los dirigentes, la intervención de los magistrados es el paso necesario para garantizar que la modernización legislativa no se realice a costa de la vulneración de garantías fundamentales.
La conducción de la central obrera ha optado por priorizar la vía institucional frente a otros métodos de protesta directa. La decisión de movilizarse ante los tribunales responde a la convicción de que el Poder Judicial debe actuar como control cuando una ley sancionada por el Congreso colisiona con la Carta Magna.
