El tratamiento del Presupuesto 2026 abrió una nueva etapa de tensión política en el oficialismo, que, pese a haber conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados, quedó lejos del resultado que esperaba. En los pasillos de la Casa Rosada el clima fue de visible malestar luego de que la oposición lograra aprobar la llamada Ley de Leyes sin la derogación de normas clave para el Gobierno: el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Desde el Ejecutivo advirtieron que, en esas condiciones, el Presupuesto perdería el equilibrio fiscal que consideran innegociable.
Ante ese escenario, el oficialismo comenzó a delinear una estrategia de corrección en el Senado. La prioridad es negociar con los gobernadores para reintroducir los cambios rechazados en Diputados y así modificar el texto antes de su aprobación definitiva. Con ese objetivo se reunió la mesa política en Balcarce 50, encabezada por Patricia Bullrich, junto a referentes clave del área económica, política y legislativa. El foco estuvo puesto en planificar el recorrido parlamentario del Presupuesto y redefinir el calendario de otras iniciativas sensibles, como la reforma laboral.
La hoja de ruta que se analiza prevé tratar el Presupuesto el 26 de diciembre en el Senado y devolverlo a Diputados el 29, con las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo. Ese movimiento obligaría a postergar el debate de la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen en la Cámara Alta, para las sesiones extraordinarias de febrero. La propia Bullrich fue quien confirmó ese corrimiento, en medio de una masiva movilización de la CGT que se manifestó en contra de los cambios laborales.
Mientras tanto, el discurso oficial atravesó matices a lo largo del día. Por la mañana, se dejó trascender que el Gobierno no descarta vetar la ley si no se corrigen los artículos vinculados a universidades y discapacidad. Sin embargo, tras la reunión política, el tono se volvió más moderado. Desde el entorno presidencial destacaron la importancia de haber avanzado, subrayando que el país está más cerca que nunca de contar con un Presupuesto aprobado, algo que consideraron una señal positiva tanto para la política como para los mercados.
Aun así, reconocieron que el texto aprobado tiene “faltantes relevantes” y que algunas correcciones llevaron el proyecto “a un extremo que no se puede sostener financieramente”. En ese contexto, celebraron la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal, a la que calificaron como una de las iniciativas más relevantes de la gestión.
Las conversaciones con los gobernadores continúan de manera intensa. En el oficialismo valoran el acompañamiento de mandatarios provinciales que respaldaron la mayoría de los artículos, aunque admiten que varios diputados se resistieron a eliminar normas sensibles por razones personales o sectoriales. Pese a las diferencias, aseguran contar con los votos necesarios para avanzar y confían en destrabar los cambios en el Senado.
En paralelo, el Gobierno sumó un nuevo foco de tensión con aliados del PRO tras la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación, que dejó afuera a ese espacio. Aunque hubo anuncios de judicialización, desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono y remarcaron que el diálogo político se mantiene abierto.
Así, el cierre del año encuentra al oficialismo en una carrera contrarreloj, con negociaciones abiertas, advertencias de veto y un Presupuesto que, lejos de estar cerrado, sigue siendo el principal campo de disputa política.
