La presentación del nuevo Proyecto de Presupuesto encendió nuevamente las alarmas en distintos sectores sociales que ya venían atravesando meses de conflicto y movilización. El foco de la preocupación está puesto en el artículo 75 del texto, que propone derogar dos leyes centrales: la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Educativo. La inclusión de este artículo generó un fuerte rechazo inmediato entre familias, trabajadores, profesionales y comunidades educativas, que interpretan la medida como un retroceso profundo en derechos ya conquistados.
En el caso de la discapacidad, la reacción fue casi instantánea. Madres y padres de personas con discapacidad, junto a prestadores de servicios de salud, educación y transporte, comenzaron a compartir el contenido del artículo con angustia y enojo. La derogación de la Emergencia implica dejar sin efecto una norma que había sido defendida durante todo el año en el Congreso, frente a un veto presidencial y, más recientemente, en los tribunales, donde se había logrado un fallo favorable que obligaba a su aplicación. Para las organizaciones del sector, este movimiento demuestra un desconocimiento tanto del Poder Legislativo como de la Justicia, y vuelve a colocar a las familias en una situación de extrema incertidumbre.
Un escenario similar se vive en el ámbito universitario. El mismo artículo también apunta a eliminar la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba recomposición salarial docente y fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales. La noticia cayó como un golpe inesperado para la comunidad académica, que advierte que la medida los devuelve al punto de partida de las primeras marchas federales, con salarios deteriorados y serias dificultades para sostener las actividades educativas.
Ambas leyes habían sido sancionadas con amplios consensos parlamentarios y, aunque fueron promulgadas, nunca contaron con los recursos necesarios para su cumplimiento efectivo. Esta situación ya había generado protestas, paros prolongados y presentaciones judiciales por parte de gremios y organizaciones, tanto en el sistema universitario como en el de discapacidad.
Pese a ese contexto de alta sensibilidad social, el proyecto avanzó en comisión con dictamen favorable y se encamina a ser debatido en el recinto. Desde la oposición más dura anticiparon que intentarán rechazar el artículo 75 y otros puntos polémicos, como el que restringe el acceso a las pensiones por discapacidad. La atención estará puesta en el comportamiento de aquellos bloques que en el pasado habían acompañado estas leyes y rechazado los vetos.
De concretarse las derogaciones, el impacto sería significativo. En las universidades, la falta de una ley específica dejaría los salarios sujetos a aumentos por decreto y sin paritarias, en un contexto donde el presupuesto acumula una caída real sostenida desde 2023. Además, quedarían sin actualización partidas clave para investigación, hospitales universitarios y extensión.
En el ámbito de la discapacidad, la eliminación de la Emergencia profundizaría un escenario crítico. Los prestadores advierten que los aumentos previstos no alcanzan para cubrir costos reales, mientras persisten recortes en pensiones y salarios extremadamente bajos para trabajadores de talleres protegidos. Para las organizaciones, la situación ya no puede definirse como emergencia, sino como un verdadero colapso del sistema.
El debate que se avecina promete ser intenso y volverá a poner en el centro de la escena la relación entre ajuste fiscal, derechos sociales y conflictividad en las calles.