Una ola de preocupación se expandió en los últimos días entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes de todo el país, luego de que el organismo recaudador ARCA enviara centenares de miles de correos electrónicos informando recategorizaciones de oficio dentro del régimen del monotributo. La medida, aplicada sin aviso previo, generó un fuerte impacto por sus consecuencias económicas inmediatas: en algunos casos, personas que abonaban alrededor de 40.000 pesos mensuales podrían pasar a pagar sumas cercanas a los 570.000 pesos.
El criterio utilizado para estas recategorizaciones despertó una intensa controversia. Según explican especialistas y asociaciones de contribuyentes, ARCA tomó como parámetro no solo la facturación declarada, sino también todos los ingresos y consumos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales. El universo alcanzado por la decisión ronda los 4.880.000 monotributistas, de los cuales aproximadamente el 85 por ciento se concentra en las categorías más bajas del régimen.
Desde el ámbito académico, Javier Peralta, consejero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que el problema central radica en la presunción que hace el organismo. Según explicó, ni los depósitos bancarios ni los niveles de consumo implican necesariamente un aumento real de ingresos. Un préstamo familiar, la venta de un vehículo o incluso un regalo pueden reflejarse como movimientos en una cuenta sin que exista un crecimiento de la actividad económica.
Lo mismo ocurre, señaló, con gastos puntuales de mayor monto. La compra de un electrodoméstico con ahorros acumulados durante meses puede generar un registro de consumo elevado, pero no significa que el contribuyente haya mejorado su situación financiera. Además, cuestionó que estas recategorizaciones se concreten antes de que se presenten declaraciones juradas de Ganancias o Bienes Personales, donde muchos de esos movimientos quedan debidamente justificados.
Otro punto crítico es el plazo otorgado para el descargo. Los monotributistas cuentan con apenas 15 días para apelar la decisión, y ese tiempo comienza a correr incluso si la notificación no fue abierta. Si no hay respuesta dentro del período establecido, el cambio de categoría se aplica de manera automática.
Desde las organizaciones que representan a los contribuyentes, Noelia Villafañe, de Monotributistas Unidos, describió situaciones que rozan lo absurdo. Relató casos en los que transferencias familiares, como un regalo colectivo para una madre, terminan siendo interpretadas como ingresos propios de una actividad económica, con el consiguiente perjuicio fiscal.
El impacto es aún más delicado en el caso de los monotributistas sociales. Si son dados de baja del régimen, no solo deben afrontar mayores cargas impositivas, sino que también pierden la obra social, en un contexto donde acceder nuevamente a cobertura médica resulta complejo y costoso.
La polémica se amplifica al contrastar esta situación con otras decisiones económicas recientes. El economista Cristian Buteler señaló que mientras se refuerza el control sobre pequeños contribuyentes, existen operaciones de alto volumen que no reciben el mismo nivel de fiscalización, lo que alimenta la percepción de una fuerte asimetría en el sistema tributario.
En este escenario, legisladores de la oposición impulsaron un proyecto para suspender por 180 días las recategorizaciones de oficio. Argumentan que, en un contexto de crisis, inflación y caída del consumo, los parámetros automáticos no reflejan la verdadera capacidad contributiva y pueden empujar a muchos trabajadores a la informalidad.
Mientras el debate sigue abierto, miles de monotributistas enfrentan la incertidumbre de no saber cuánto deberán pagar el próximo mes ni bajo qué criterios fueron evaluados. Una situación que, lejos de aportar previsibilidad, suma tensión a un sector ya golpeado por la inestabilidad económica y la caída del poder adquisitivo.