La mitad de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires se encuentran hoy en mal estado, una cifra que expone con crudeza el impacto de la paralización de la obra pública a nivel nacional. El dato surge de un relevamiento técnico reciente y aparece en un contexto de creciente tensión por la política de “obra pública cero”, sostenida por el Gobierno nacional desde el inicio de su gestión. Las consecuencias ya no son una proyección a futuro: se ven y se sienten a diario en el asfalto.
El deterioro no es casual ni aislado. Especialistas en infraestructura vinculan de manera directa este escenario con la fuerte caída de la inversión nacional en rutas. En términos reales, el gasto de capital destinado a infraestructura vial se desplomó cerca de un 80 por ciento entre 2023 y 2025, y el recorte fue todavía más profundo en territorio bonaerense. A esto se suma una previsión aún más baja para 2026, lo que anticipa un panorama preocupante.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Ruta Nacional 9, a la altura de Ramallo. Allí, tras una medida judicial que obligó a realizar reparaciones, las obras se ejecutaron, pero apenas tres meses después el tramo volvió a romperse. Vecinos y transportistas aseguran que el estado actual de la calzada es incluso peor que antes. Hundimientos, baches profundos y parches provisorios se convirtieron en una amenaza constante para quienes circulan por la zona.
Desde el municipio local cuestionan que, pese a los fuertes aumentos en los peajes, el mantenimiento sea prácticamente inexistente. El contraste es evidente: tarifas que se multiplicaron varias veces y rutas que siguen deteriorándose, sin soluciones de fondo.
El relevamiento técnico advierte que el problema no es solo el crecimiento de los kilómetros en mal estado, sino también la reducción de aquellos que se encuentran en buenas condiciones. En pocos años, la red vial nacional perdió calidad de manera acelerada. Los especialistas hablan de una “descapitalización” del sistema vial y alertan que no mantener hoy una ruta implica tener que reconstruirla mañana a un costo varias veces superior.
En una provincia clave para la producción agroindustrial y la logística del país, el deterioro de las rutas tiene efectos directos sobre la economía cotidiana. Aumentan los costos de transporte, se incrementa el consumo de combustible, se dañan vehículos y los productos llegan más caros a destino. Cada bache se traduce, finalmente, en un impacto sobre el bolsillo de los consumidores.
La inseguridad vial es otro de los puntos críticos. La falta de bacheo, señalización y mantenimiento general incrementa el riesgo de siniestros. Las estadísticas recientes muestran miles de accidentes en rutas nacionales, con un saldo trágico de víctimas fatales, un dato que refuerza la gravedad de la situación.
A lo largo de la provincia, los reclamos se multiplican. Intendentes de distintos signos políticos, vecinos y transportistas impulsan amparos judiciales, protestas y banderazos para visibilizar un problema que ya no admite postergaciones. Mientras tanto, el Estado nacional continúa recaudando fondos específicos que, según denuncian, no se traducen en obras concretas.
El deterioro de las rutas nacionales en Buenos Aires dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una realidad cotidiana. La falta de inversión no solo compromete la conectividad y la seguridad, sino que plantea un interrogante de fondo sobre el modelo de desarrollo y el costo que implica abandonar la infraestructura en una de las provincias más estratégicas del país.
