En una jornada cargada de debate político, la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), impulsada por los bloques opositores, con el objetivo de restringir las facultades del presidente Javier Milei. La iniciativa, que sufrió modificaciones durante la sesión, deberá regresar al Senado antes de convertirse en ley definitiva.
El proyecto establece que el Congreso contará con un plazo de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. En caso de no hacerlo, los decretos perderían automáticamente su vigencia. Además, dispone que solo podrán mantenerse en pie si cuentan con la aprobación explícita de ambas Cámaras, lo que otorga a la oposición una herramienta poderosa para invalidar decisiones del Ejecutivo con mayoría en una sola Cámara.
De aprobarse en forma definitiva, la reforma reduciría notablemente el margen de maniobra del Gobierno, forzándolo a construir consensos más amplios en un escenario legislativo adverso.
La sesión también incluyó la citación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para responder por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin fondos asignados. Algunos sectores opositores advirtieron que, de no presentarse una reasignación presupuestaria, podrían promover una moción de censura, mecanismo constitucional que habilita la remoción del jefe de ministros.
En paralelo, se abordaron pedidos de interpelación a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, tras los audios que vinculan a la Agencia Nacional de Discapacidad con presuntas coimas.
Como punto final, la Cámara debatió una propuesta para modificar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría favorecer a las provincias y convertirse en una nueva carta de negociación política dentro del Congreso.
