Durante el actual cierre del gobierno en Estados Unidos, la Casa Blanca generó controversia al sugerir que algunos trabajadores federales podrían no recibir su salario retroactivo, una decisión que ha sido calificada como ilegal por varios legisladores.
Un memorando emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) sostiene que la ley aprobada en 2019, que garantiza el pago retroactivo tras un cierre gubernamental, no aplicaría a los empleados que fueron enviados temporalmente a casa sin trabajar. Sin embargo, dicha ley —firmada también por el entonces presidente Donald Trump— establece claramente que tanto los trabajadores suspendidos como los considerados esenciales deben ser compensados una vez reanudadas las operaciones del gobierno.
La medida ha desatado fuertes reacciones. El líder demócrata Hakeem Jeffries aseguró que “la ley es clara: todo empleado federal suspendido tiene derecho al pago retroactivo”. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, admitió que aún no ha dialogado con la Casa Blanca sobre el tema, pero señaló que un nuevo análisis legal podría poner en duda la obligatoriedad de esos pagos.
El cierre, que comenzó el 1 de octubre, mantiene a unos 750.000 empleados sin cobrar. Algunos republicanos, como los senadores John Thune y Thom Tillis, se mostraron críticos con la postura del Ejecutivo, advirtiendo que la incertidumbre sobre los salarios solo agrava la tensión política y social.
El debate, lejos de resolverse, mantiene paralizado al Congreso, donde demócratas y republicanos siguen sin encontrar un punto de consenso para reabrir el gobierno y aliviar la preocupación de miles de familias afectadas.
