La Justicia federal volvió a colocar el foco sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó al Gobierno nacional que garantice su plena implementación en un plazo máximo de diez días hábiles. La normativa, aprobada y ratificada por el Congreso durante el año pasado, deberá estar funcionando en su totalidad antes del 4 de febrero. De no cumplirse con lo establecido, podrían aplicarse multas diarias a funcionarios de alto rango e incluso iniciarse acciones penales por desobediencia.
La resolución fue dictada en plena feria judicial por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo efectiva una sentencia firmada a fines de diciembre. En ella, intimó al Poder Ejecutivo a poner en marcha la ley y exigió al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, informen y acrediten documentalmente los avances concretos realizados. El incumplimiento de estos requerimientos podría derivar en sanciones directas para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Desde el colectivo de familias y organizaciones que impulsaron el amparo judicial, remarcan que la ley lleva más de cuatro meses vigente sin aplicarse de manera efectiva. Referentes del sector señalan que la Justicia fijó un ultimátum claro y definitivo, sin margen para nuevas dilaciones administrativas ni informes técnicos parciales. La exigencia es que la normativa esté operativa al cien por ciento, con medidas concretas y verificables.
Entre los puntos que el Gobierno debe cumplir, se incluye la actualización de los aranceles para los centros prestadores desde enero de 2025, la presentación de un plan de pago de compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, la definición de nuevos valores para las prestaciones y la reglamentación completa de la Ley 27.793, que acumula varios meses de retraso.
Las organizaciones advierten, sin embargo, que existe desconfianza respecto del acatamiento de los fallos judiciales. Por ese motivo, evalúan impulsar amparos colectivos en distintas jurisdicciones del país y reclaman una intervención más activa del Poder Judicial y de la dirigencia política opositora. Argumentan que están en juego compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, vinculados al principio de no regresividad y a la prohibición de discriminación.
El conflicto judicial se originó cuando el Ejecutivo intentó suspender la vigencia de la ley mediante un decreto que no asignaba fondos para su ejecución. Esa maniobra fue declarada inválida e inconstitucional por el juez González Charvay, al considerarla un veto encubierto que vulneraba la división de poderes y tratados internacionales de derechos humanos. Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Cámara Federal concedió el recurso sin efecto suspensivo, lo que obliga a cumplir la sentencia mientras continúa el trámite judicial.
En paralelo, también hubo intentos de recortar el financiamiento de la ley a través del Presupuesto 2026, una estrategia que fue rechazada en el Congreso. Informes técnicos señalaron que el costo de la implementación representaría una porción acotada del PBI y no comprometería de manera significativa el equilibrio fiscal.
Desde el sector de la discapacidad, la lectura es clara y contundente: denuncian que las pensiones actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas, que muchas personas carecen de obra social y acceso a medicamentos, y que la falta de políticas efectivas profundiza la exclusión. Frente a ese escenario, aseguran que continuarán movilizados, articulando reclamos con otros sectores sociales, con la convicción de que la defensa de los derechos es una causa colectiva y transversal.