La investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad dejó al descubierto un entramado de corrupción que, según la mirada del juez Sebastián Casanello, fue mucho más que una sucesión de maniobras aisladas. Lo que debía ser un organismo destinado a garantizar derechos esenciales para personas con discapacidad, adultos mayores en situación de vulnerabilidad y madres con familias numerosas, terminó convertido —de acuerdo con la resolución— en una vía sistemática de enriquecimiento ilícito para quienes lo condujeron y su entorno.
El procesamiento del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otras 18 personas, describe una asociación ilícita que operó entre fines de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, se habrían direccionado adjudicaciones de medicamentos e insumos médicos de alto costo hacia un grupo reducido de droguerías, elegidas de manera arbitraria y con sobreprecios que, en algunos casos, superaron el 1.900 por ciento. El fallo sostiene que estas decisiones no fueron casuales, sino parte de una estructura organizada que funcionaba desde el interior del organismo y en articulación con intereses privados del sector salud.
La causa también pone el foco en un contexto político y social sensible: mientras se investigan estas maniobras, el Estado avanzaba en recortes presupuestarios y demoraba la reglamentación de la emergencia en discapacidad votada por el Congreso. Según el juez, la agencia fue “cooptada” de forma planificada, desviando recursos públicos que debían garantizar tratamientos, prestaciones y asistencia a miles de familias.
Uno de los puntos más delicados del fallo es la mención a un posible “otro nivel de complicidades”. Casanello advierte que el esquema delictivo podría no agotarse en los hechos ya probados y que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios se habría extendido a otras áreas. Chats incorporados al expediente sugieren contactos y referencias a figuras con responsabilidades superiores, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de una operatoria aislada ni limitada a un pequeño grupo.
La resolución ubica a Spagnuolo como uno de los jefes de la organización, junto a otros exfuncionarios y al empresario y lobista Miguel Ángel Calvete. A ellos se les imputan delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada contra la administración nacional. En el caso del ex titular de la ANDIS, el juez dio por probado el cohecho: la recepción de pagos ilegales en efectivo y en especie. El embargo dispuesto en su contra supera los 202 mil millones de pesos, el monto más alto fijado en la causa.
El expediente también detalla cómo familiares y colaboradores cercanos al lobista participaron de las maniobras, así como la concentración de adjudicaciones en pocas empresas que facturaron cifras millonarias en un corto período. A esto se suma la descripción de gastos personales del exfuncionario, como una costosa ampliación en su vivienda, abonada en gran parte en dólares y efectivo, sin respaldo en ingresos lícitos comprobables.
Con el cierre inminente de la intervención del juez Casanello en este expediente, la investigación continuará en otro juzgado. Lo que queda claro, al menos por ahora, es que la causa no solo expone una trama de corrupción dentro de un organismo clave, sino que deja abiertas preguntas más amplias sobre responsabilidades, controles y el destino de fondos públicos que debían proteger a los sectores más vulnerables.