La posibilidad de que el ciclo lectivo no comience con normalidad en las universidades nacionales volvió a tomar fuerza en las últimas horas, tras las definiciones adoptadas por el plenario de secretarios generales de CONADU. La reunión, realizada el viernes 6 de febrero, puso sobre la mesa el crítico escenario salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario y derivó en la votación de un conjunto de medidas de fuerza que podrían profundizarse en las próximas semanas.
Desde la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUBA, se planteó la necesidad de avanzar con una postura firme frente al Gobierno nacional. Según expresaron sus representantes, la situación actual exige una campaña activa de no inicio de clases, condicionada al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y a la inmediata reapertura de la paritaria docente. La federación remarcó que, más allá de versiones sobre eventuales propuestas oficiales al Consejo Interuniversitario Nacional, cualquier discusión debe darse primero a partir del respeto a la ley vigente.
En ese sentido, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, sostuvo que no existe confianza suficiente como para evaluar alternativas sin una medida de fuerza contundente que vuelva a colocar el reclamo universitario en la calle. Para el dirigente, el no inicio aparece como una herramienta central para presionar por respuestas concretas ante lo que definió como un ahogo deliberado al sistema universitario.
Entre las resoluciones votadas por el plenario se destacan un paro y movilización para el 11 de febrero contra la reforma laboral, un paro previsto para la semana del 16 al 21 de marzo que deberá ser ratificado en asambleas, la instalación de una carpa itinerante en coordinación con otros sectores y la decisión de avanzar hacia la construcción de una nueva Marcha Universitaria de alcance nacional.
En la misma línea, la Asociación Gremial Docente de la UBA fue aún más explícita al señalar que, en defensa del salario y de la universidad pública, se encamina hacia un no inicio de clases en 2026. La organización subrayó la necesidad de confluir en un plan de lucha nacional junto a otros sectores del movimiento obrero, con el objetivo de enfrentar un proyecto de ajuste que consideran estructural.
Desde AGD-UBA valoraron como un logro el rechazo parlamentario a los intentos del oficialismo de derogar la ley de financiamiento universitario, atribuyéndolo a la presión del paro nacional, la movilización y el respaldo social. Sin embargo, advirtieron que la ley, votada en reiteradas oportunidades, continúa sin aplicarse y que el Gobierno incluso analiza apelar el fallo judicial que lo obliga a cumplirla.
El diagnóstico gremial describe un escenario de salarios deteriorados, pérdida de sumas no remunerativas y universidades que funcionan con presupuestos mínimos. Según los docentes, la aplicación plena de la ley permitiría recuperar cerca del 46 por ciento del salario perdido desde noviembre de 2023 y elevar el presupuesto universitario a niveles acordes a las necesidades del sistema.
A esto se suma, remarcan, la eliminación de metas de inversión educativa y científica, lo que profundiza el ajuste y compromete el desarrollo futuro del país. Para los gremios, no se trata de un recorte más, sino de un intento de desmantelar un sistema público construido durante décadas.
En ese marco, los docentes insisten en que solo un plan de lucha nacional, sostenido y unificado, podrá frenar el ajuste. La advertencia es clara: si no hay respuestas, el inicio de clases en las universidades podría quedar seriamente comprometido.
