Este viernes comenzará un proceso judicial de alto impacto: el exjerarca de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Patricio Finnen, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados, esta vez por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 y se desarrollará de manera virtual.
Finnen, quien ingresó al organismo en 1974 con apenas 22 años, es señalado por su presunta actuación en el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó entre junio y noviembre de 1976 en el barrio porteño de Floresta. Orletti fue una base clave del Plan Cóndor y operó bajo la órbita de la SIDE, con participación del Ejército y la Policía Federal, además de represores uruguayos y chilenos. El lugar estaba bajo la órbita de Aníbal Gordon, un agente inorgánico vinculado a los servicios de inteligencia.
En este juicio también se analizará, por primera vez, lo ocurrido en el centro clandestino conocido como Base Pomar, que habría comenzado a funcionar en 1977 en Nueva Pompeya. La causa investiga secuestros, tormentos y desapariciones, entre ellos los de militantes del Partido Comunista capturados en mayo de 1977. Algunos sobrevivientes lograron identificar el lugar décadas después.
Junto a Finnen serán juzgados otros tres exintegrantes de la SIDE: César Albarracín, Rubén Escobar y Julio Casanova Ferro, todos con trayectorias vinculadas a estructuras represivas de la época. La acusación incluye también el secuestro y la sustracción de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, quienes pasaron por Orletti antes de ser abandonados en Chile.
Finnen supo ocupar posiciones de peso dentro de la inteligencia argentina. En los años noventa estuvo al frente de la llamada Sala Patria y participó en la investigación del atentado contra la AMIA. En ese expediente fue cuestionado por el desvío de la pesquisa junto al juez Juan José Galeano. En 2024 recibió una condena en suspenso por encubrimiento en esa causa, aunque había sido absuelto en el juicio oral de 2019.
El nuevo proceso judicial reabre una etapa aún sensible en la historia argentina. Para los familiares de las víctimas, el inicio del juicio representa una instancia largamente esperada. Tras décadas de silencio y demoras, confían en que el debate permita esclarecer responsabilidades y avanzar en la construcción de memoria y justicia. En un contexto político complejo en materia de derechos humanos, la expectativa está puesta en que el tribunal pueda determinar el rol que desempeñaron los acusados dentro del engranaje represivo del Estado y aportar verdad sobre hechos que, hasta hoy, siguen reclamando respuesta.