El gasto público nacional registró una caída real del 31 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2023, antes de la asunción de Javier Milei. Sin embargo, la reducción de los recursos no afectó de la misma manera a todas las áreas del Estado: mientras hospitales, programas sociales, universidades y obras de infraestructura enfrentaron importantes recortes, la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como SIDE, recibió un incremento presupuestario superior al 63 por ciento.

Los datos surgen de un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre de 2026. El relevamiento también muestra que, frente al mismo período de 2025, el gasto total permaneció prácticamente estable, con una disminución real del 0,3 por ciento. No obstante, la distribución de los recursos evidenció cambios significativos entre las distintas funciones del Estado.

Uno de los principales incrementos se registró en los servicios de la deuda pública. Durante los primeros nueve meses de 2026, estos pagos representaron el 11,2 por ciento del gasto ejecutado, frente al 8,8 por ciento del año anterior. Además, las erogaciones destinadas a este concepto aumentaron un 27,8 por ciento en términos reales interanuales, mientras continuaron las reducciones en distintas áreas sociales y económicas.

La distribución también mostró diferencias entre los organismos públicos. La SIDE recibió un 63,2 por ciento más de recursos reales que en 2023 y aumentó su presupuesto un 21 por ciento respecto de 2025. En contraste, la Agencia de Acceso a la Información Pública sufrió una reducción del 43,3 por ciento; la Defensoría del Pueblo, del 40,5; y la Auditoría General de la Nación, del 19,7 por ciento.

Salud pública: fuertes reducciones en hospitales y programas

El sistema sanitario aparece entre los sectores que registraron los retrocesos más pronunciados. La Superintendencia de Servicios de Salud perdió el 73,4 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023. También se redujeron las partidas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, con una caída del 35,6 por ciento, y del Instituto Malbrán, que registró un descenso del 30,4 por ciento.

La situación se extendió a distintos hospitales nacionales. El Hospital Laura Bonaparte sufrió una disminución presupuestaria del 52,7 por ciento; el Baldomero Sommer, del 47,9; el Ramón Carrillo, del 43,8; y el Hospital Posadas, del 26,6 por ciento. Como excepción, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, conocido como INCUCAI, registró un aumento real del 58,1 por ciento.

También se observaron retrocesos en programas sanitarios específicos. Las iniciativas de Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución durante 2026. Al mismo tiempo, los fondos destinados a combatir el VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y la lepra disminuyeron un 43,9 por ciento.

Menos recursos para asistencia alimentaria y protección social

Las políticas sociales también experimentaron reducciones importantes. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia perdió casi el 75 por ciento de sus recursos reales, mientras que el presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social cayó un 78,5 por ciento.

En materia de asistencia alimentaria, la Prestación Alimentar registró una reducción del 36,2 por ciento, mientras que los recursos destinados a comedores comunitarios y merenderos disminuyeron un 57,5 por ciento.

La seguridad social tampoco quedó al margen de los cambios presupuestarios. Las prestaciones previsionales registraron una caída real del 4 por ciento en comparación con 2023. La Pensión Universal para el Adulto Mayor retrocedió un 34,2 por ciento y las pensiones no contributivas disminuyeron un 24,3 por ciento. En sentido contrario, las asignaciones familiares mostraron un incremento real del 13,3 por ciento.

Obra pública y asistencia a las provincias, en retroceso

La infraestructura pública concentró algunas de las mayores reducciones. La Dirección Nacional de Vialidad perdió el 81,5 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023. Los programas de construcción de rutas seguras sufrieron una caída del 94,2 por ciento, mientras que las partidas destinadas a obras de pavimentación disminuyeron un 93,1 por ciento.

Además, determinadas líneas presupuestarias relacionadas con la seguridad vial y la infraestructura municipal no registraron ejecución durante el período analizado.

Las transferencias destinadas a provincias y municipios también experimentaron una fuerte contracción. La asistencia financiera a estas jurisdicciones cayó un 99,8 por ciento en comparación con 2023, mientras que los fondos para cooperación y asistencia técnica municipal se redujeron un 97,4 por ciento.

Las cifras reflejan una transformación en la distribución del gasto público nacional durante la actual gestión. Mientras aumentó la participación de los servicios de la deuda y crecieron los recursos asignados a la inteligencia estatal, distintas áreas vinculadas con la salud, la asistencia social y la infraestructura registraron reducciones considerables.

El alcance de estos cambios plantea interrogantes sobre la capacidad de los organismos públicos para sostener sus prestaciones, atender las necesidades de los sectores más vulnerables y garantizar el mantenimiento de la infraestructura. La evolución del presupuesto en los próximos meses permitirá observar cómo continúa esta distribución de los recursos y cuáles son sus consecuencias sobre los servicios que recibe la población.