La reciente decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de múltiples servicios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) encendió un fuerte debate político, técnico y social. La medida, oficializada a través de una resolución que da de baja cerca de mil prestaciones, impacta directamente en áreas sensibles como el control de alimentos, bebidas, materiales de construcción y otros procesos clave para la seguridad y calidad de productos.
Desde el oficialismo, el impulso de esta iniciativa cuenta con el respaldo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió públicamente la decisión al considerar que muchos de los servicios ofrecidos por el organismo eran utilizados en baja escala o se encontraban subsidiados. Según su postura, la eliminación de estas prestaciones permitiría reducir gastos y fomentar una mayor participación del sector privado.
Sin embargo, la medida generó un inmediato rechazo por parte de trabajadores del organismo, especialistas y referentes de la oposición. Desde el interior del INTI, advirtieron que la decisión no solo pone en riesgo cientos de puestos laborales, sino que también podría afectar seriamente la capacidad técnica acumulada durante años. Señalan que el organismo cumple un rol estratégico en el desarrollo productivo, brindando asistencia a empresas —especialmente pequeñas y medianas— que difícilmente podrían acceder a servicios similares en el ámbito privado.
Uno de los puntos más críticos que remarcan los técnicos es la falta de infraestructura equivalente fuera del Estado. Aseguran que, en muchos casos, el INTI es el único organismo en el país con capacidad para realizar determinados ensayos, algunos de ellos vinculados a estándares internacionales o exigencias para exportaciones. La eventual desaparición de estas capacidades podría generar obstáculos para sectores industriales clave.
En el plano político, la diputada Julia Strada fue una de las voces más firmes en cuestionar la medida. La legisladora sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en términos de costos, sino en el rol que cumplen estas herramientas dentro de una estrategia de desarrollo productivo. En ese sentido, remarcó que los servicios del INTI no responden a una lógica de mercado tradicional, sino que forman parte de una infraestructura tecnológica que permite sostener estándares de calidad, seguridad e innovación.
Entre las funciones afectadas, se mencionan controles vinculados a la seguridad de productos industriales, la verificación de instrumentos de medición utilizados en el comercio exterior, y ensayos aplicados a materiales potencialmente peligrosos. También se destaca su intervención en procesos relacionados con la salud, como la calibración de equipamiento médico.
En este contexto, crece la preocupación sobre el impacto que estas modificaciones podrían tener en la vida cotidiana. La posibilidad de que los controles queden en manos exclusivas del sector privado abre interrogantes sobre la transparencia, la rigurosidad técnica y la protección de los consumidores.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con su agenda de desregulación, en medio de un escenario donde las críticas se multiplican y donde distintos sectores advierten que las consecuencias podrían sentirse tanto en la calidad de los productos como en la seguridad de la población.
