El Gobierno argentino solicitó a la justicia estadounidense la suspensión inmediata de una etapa central del proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF. La petición fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado en litigios internacionales, en el marco de la causa que se tramita en tribunales de los Estados Unidos.
La defensa del país presentó un escrito en el que solicita interrumpir el proceso de “discovery”, una instancia clave del sistema judicial norteamericano que implica la exhibición y producción de documentación y testimonios para el avance del juicio. Según argumentaron los abogados del Estado, existen fundamentos jurídicos sólidos que podrían revertir la decisión judicial que habilitó esta etapa del proceso.
Entre los argumentos planteados, la defensa argentina señaló que se habría realizado una interpretación incorrecta del derecho argentino por parte del tribunal. Además, mencionaron el principio de “fórum non conveniens”, una figura jurídica que plantea que un caso debería ser tratado en otra jurisdicción más apropiada para su resolución.
En ese contexto, el país presentó una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de suspender el proceso de recopilación de pruebas, así como el pedido de sanciones impulsado por los demandantes. También se solicitó la cancelación de la audiencia probatoria que estaba prevista para desarrollarse entre el 21 y el 23 de abril.
Desde la defensa sostuvieron que continuar con el proceso de discovery podría generar consecuencias significativas para el Estado argentino. Según explicaron, la continuidad de esa instancia podría ocasionar un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y afectar la previsibilidad necesaria para el desarrollo normal de las relaciones financieras del país.
Asimismo, en la presentación se argumentó que el interés público también aconseja suspender temporalmente el procedimiento para evitar posibles impactos en las relaciones exteriores y eventuales ineficiencias procesales, en caso de que una futura resolución judicial vuelva abstractas algunas de las discusiones actuales sobre la ejecución del fallo.
Los abogados del Estado también destacaron que Argentina ya cumplió con múltiples requerimientos del tribunal. Según detallaron, el país entregó más de 117.500 páginas de documentación, además de facilitar cerca de 37 horas de testimonio brindado por siete funcionarios de alto rango. A esto se sumaron más de 800 páginas adicionales de información y decenas de registros de audio incorporados al expediente.
Otro punto señalado en la presentación fue el respaldo expresado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante el tribunal que conduce la jueza Loretta Preska, quien tiene a su cargo el proceso en la ciudad de Nueva York.
A pesar de estos argumentos, los demandantes insistieron en que Argentina sea declarada en desacato y reclamaron la imposición de sanciones. Frente a ese planteo, la defensa del país sostuvo que esas medidas resultarían improcedentes y desproporcionadas en el contexto actual del litigio.
El desarrollo de este proceso judicial continúa siendo seguido de cerca por autoridades y analistas, ya que sus posibles consecuencias podrían tener impacto tanto en la situación financiera del país como en su relación con los mercados internacionales.