Una nueva auditoría sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, detectó inconsistencias millonarias en los registros internos del organismo y volvió a poner el foco sobre los procedimientos de pagos, contrataciones y deudas acumuladas durante la administración de Diego Spagnuolo.
El informe encontró una diferencia de 158.717 millones de pesos al comparar los datos registrados por distintas áreas de la agencia. La revisión tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, jornada en la que Spagnuolo dejó su cargo como director ejecutivo.
Uno de los principales puntos observados surgió al comparar la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los registros de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Esta última dependencia informó un volumen de deuda considerablemente superior al asentado por el área contable, lo que expuso diferencias en la información disponible dentro del propio organismo.
El informe también advirtió que parte de los datos suministrados por la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud podrían contener variaciones derivadas de errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores. Esa dependencia, además, se encuentra bajo análisis dentro de una investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en contrataciones, eventuales sobreprecios y posibles pagos indebidos.
Otro aspecto señalado por la auditoría está relacionado con la utilización del mecanismo conocido como “legítimo abono”. Se trata de un procedimiento que permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron recibidos, aun cuando no se haya completado el circuito administrativo habitual de contratación.
Los auditores no pudieron determinar con precisión cuáles fueron todos los pagos realizados mediante esa modalidad. Sin embargo, detectaron que los proveedores de medicamentos e insumos recibieron alrededor de 479.504 millones de pesos entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, correspondientes a seis procedimientos de compra.
Estos datos se incorporan a una investigación de la Justicia Federal que analiza presuntas irregularidades en el funcionamiento de la ex ANDIS. El expediente busca establecer si existió un esquema organizado para direccionar contrataciones, generar sobreprecios y producir perjuicios económicos al Estado. Se trata de hipótesis judiciales que todavía deben ser acreditadas mediante pruebas.
La causa tomó impulso luego de la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de dinero y la supuesta participación de funcionarios y allegados al poder político. A partir de esas grabaciones se inició una investigación que posteriormente incorporó informes, documentación administrativa y distintos testimonios.
En paralelo, la Justicia prevé avanzar con nuevas declaraciones testimoniales. Entre ellas se encuentra la de Nadia Beller, quien participará mediante videoconferencia desde Bolivia. Beller sostuvo públicamente que posee grabaciones vinculadas con el origen de los audios que desencadenaron la investigación y manifestó su disposición a entregarlas a las autoridades judiciales.
De esta manera, la causa ANDIS continúa ampliándose con nuevos documentos y testimonios. Mientras la Justicia intenta determinar si existieron delitos y responsabilidades individuales, la auditoría vuelve a poner bajo la lupa la forma en que se registraron las deudas, se realizaron pagos y se gestionaron las contrataciones dentro del organismo durante el período investigado.
