En medio de una profunda crisis social y económica que golpea a la Argentina, las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendieron nuevamente la polémica. En lo que muchos interpretan como un “sincericidio político”, Bullrich admitió públicamente que desde hace años se conocía la vinculación entre el diputado José Luis Espert y el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.
Con tono desafiante, la funcionaria expresó: “Esto sucedió en 2019. Espert fue candidato en 2021, salió electo diputado y nadie dijo nada. En 2023 fue candidato en contra mío y nadie dijo nada”. Una frase que, lejos de aclarar el panorama, dejó al descubierto un preocupante patrón de silencio dentro del ámbito político. Si las sospechas eran conocidas desde hace tanto tiempo, ¿por qué recién ahora se hace público? ¿Qué intereses estuvieron detrás de ese mutismo?
El impacto no tardó en llegar. En medio del malestar generalizado por la inseguridad, la inflación y la desconfianza en las instituciones, los ciudadanos perciben en este episodio un nuevo golpe a la credibilidad del sistema político. El hecho de que una ministra admita conocimiento previo de posibles vínculos con el narcotráfico sin haber actuado genera indignación y alimenta el desencanto. En tiempos en que la transparencia es una demanda urgente, las palabras de Bullrich suenan más a confesión de impunidad que a gesto de honestidad.
