La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. Esta vez, el conflicto se trasladó al interior del Ministerio Público Fiscal, donde quedó expuesta una fuerte disputa entre el fiscal Eduardo Taiano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), luego de que este organismo cuestionara el cierre de la investigación y solicitara asumir el papel de la acusación.

El enfrentamiento se produjo después de que Taiano solicitara el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda, entre ellos los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además del empresario estadounidense Hayden Davis.

Frente a esa decisión, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, presentó un planteo judicial en el que sostuvo que la investigación estaba lejos de encontrarse agotada. Por el contrario, consideró que todavía quedaban numerosas medidas pendientes y elementos que debían analizarse antes de avanzar con los sobreseimientos.

El organismo solicitó asumir la acción penal, una posibilidad contemplada por la legislación cuando un fiscal decide dejar de impulsar una investigación. La presentación se realizó a partir de un pedido de dos organizaciones especializadas en el seguimiento de causas de corrupción y criminalidad económica, que participaban del expediente como colaboradoras de la Justicia.

La respuesta de Taiano fue contundente. En un escrito de tono particularmente crítico, el fiscal calificó la intervención de la PIA como sorpresiva y desacertada. Uno de sus principales argumentos fue que Rodríguez ya no tenía acceso al expediente desde septiembre de 2025, debido a que no había solicitado la renovación de la autorización correspondiente. Por ese motivo, sostuvo que el funcionario no podía conocer ni evaluar adecuadamente las pruebas incorporadas durante los últimos meses.

Además, cuestionó que la Procuraduría formulara críticas sobre decisiones y medidas de investigación sin haber tenido acceso actualizado a las actuaciones. Incluso llegó a comparar algunos de sus argumentos con afirmaciones propias de un debate televisivo, en lugar de considerarlos fundamentados en las constancias judiciales.

Sin embargo, detrás de este enfrentamiento aparecen cuestionamientos concretos sobre el desarrollo de la investigación. La PIA señaló que todavía no se había profundizado suficientemente en la participación de las distintas personas que intervinieron en el lanzamiento de $LIBRA y, particularmente, en el papel que desempeñó el presidente Milei.

También puso en discusión la interpretación sobre el funcionamiento del mercado de criptomonedas. Según el organismo, la falta de regulación de ese sector no significa que cualquier operación quede exenta de posibles responsabilidades penales. En ese sentido, rechazó la idea de que quienes invierten en criptomonedas deban asumir automáticamente cualquier pérdida bajo el argumento de que se trata de operaciones especulativas.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el recorrido del dinero. La PIA reclamó profundizar el seguimiento de millones de dólares que habrían salido de cuentas vinculadas a Hayden Davis y terminado en billeteras relacionadas con Novelli y su socio.

A esto se suma el contenido del teléfono celular de Novelli, donde se encontraron borradores de posibles contratos por cinco millones de dólares. El organismo también cuestionó que no se investigaran con mayor profundidad determinados comportamientos que podrían haber obstaculizado la pesquisa, entre ellos la eliminación de mensajes intercambiados con un contacto identificado como Karina Milei RRPP y el vaciamiento de cajas de seguridad.

Taiano, por su parte, rechazó que estas observaciones justificaran prolongar la investigación. Sostuvo que no existen elementos suficientes para atribuir delitos a los funcionarios públicos involucrados ni para determinar un perjuicio económico contra el Estado. De esta manera, ratificó su postura favorable al cierre de la causa y a los sobreseimientos solicitados.

Pero la disputa judicial no termina allí. Los compradores de la criptomoneda Martín Romeo y Juan Patricio Marchetto, quienes aseguran haber perdido dinero tras el derrumbe del activo digital, también buscan recuperar su participación como querellantes. Ambos consiguieron que la Cámara de Casación habilitara el tratamiento de sus recursos contra la decisión que los había apartado del expediente.

Mientras esa discusión continúa, los damnificados también cuestionaron los sobreseimientos, ante la posibilidad de que la Justicia les permita volver a intervenir formalmente en la causa.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá pronunciarse sobre el pedido de la PIA. Si rechaza su intervención, el organismo podrá impulsar la revisión de esa decisión ante instancias superiores. La controversia podría llegar nuevamente a la Cámara de Casación, donde existen antecedentes favorables a la participación de la Procuraduría en este tipo de situaciones.

De esta manera, el expediente $LIBRA permanece lejos de una resolución definitiva. Entre cuestionamientos por las pruebas pendientes, disputas entre fiscales y organismos de control, y los reclamos de quienes aseguran haber perdido sus inversiones, el futuro judicial del caso continúa abierto. Incluso, las distintas apelaciones y planteos podrían extender la batalla judicial hasta 2027, prolongando una investigación que mantiene bajo la lupa el vínculo entre el lanzamiento de una criptomoneda y la figura del propio presidente de la Nación.