El Gobierno de Chile dio un paso clave en su agenda económica al enviar al Congreso un proyecto de ley de amplio alcance que promete transformar el rumbo del país. La iniciativa, presentada por el presidente José Antonio Kast, propone una batería de más de 40 medidas orientadas a estimular el crecimiento, atraer inversiones y reactivar la actividad productiva en el corto y mediano plazo.
Durante un acto oficial realizado en el Palacio de La Moneda, el mandatario remarcó la relevancia del proyecto, al señalar que su aprobación podría marcar un punto de inflexión para la economía nacional. En ese sentido, planteó que el país necesita un nuevo enfoque que combine la acción del Estado con el impulso del sector privado y el rol de los emprendedores, a quienes considera fundamentales para generar riqueza y dinamizar los mercados.
El proyecto, denominado “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, fue postergado en varias oportunidades debido a la falta de consensos políticos. La administración oficialista, sin mayoría parlamentaria, debió intensificar las negociaciones para conseguir respaldos tanto dentro de su espacio como en sectores afines, incluyendo grupos de la derecha libertaria que, si bien no integran formalmente el Gobierno, resultan clave para avanzar en el tratamiento legislativo.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del impuesto a las empresas, que pasaría del 27% al 23%, junto con incentivos fiscales destinados a facilitar la repatriación de capitales desde el exterior. A esto se suman beneficios temporales, como la exención del IVA en la venta de viviendas nuevas, además de propuestas para agilizar los permisos medioambientales y promover la creación de empleo formal mediante estímulos tributarios.
El Ejecutivo sostiene que estas herramientas permitirán alcanzar metas ambiciosas, como elevar el crecimiento económico al 4% hacia el final del mandato, reducir el desempleo al 6,5% y avanzar hacia un equilibrio en las cuentas fiscales. Sin embargo, la iniciativa no logró consenso y ya genera fuertes cuestionamientos.
Desde sectores de centro e izquierda, referentes opositores anticiparon su rechazo y advirtieron que se trata de una reforma que, bajo otra denominación, implicaría una disminución en la recaudación estatal y un beneficio desproporcionado para los sectores de mayores ingresos. En ese contexto, calificaron la propuesta como una “reforma tributaria encubierta”.
Con posiciones claramente enfrentadas, el debate en el Congreso se anticipa intenso. El oficialismo necesita construir acuerdos en un escenario político fragmentado, donde cada voto será determinante. Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar los tiempos legislativos con la intención de lograr la aprobación antes de septiembre, lo que le permitiría diseñar su primer presupuesto bajo el nuevo esquema económico.
Así, el país se encamina a una discusión de alto voltaje político, donde no solo se definirá el rumbo económico, sino también el equilibrio de fuerzas en un Congreso decisivo para el futuro inmediato de Chile.
