La situación judicial del empresario Federico «Fred» Machado dio un giro trascendental luego de que un tribunal de Estados Unidos lo declarara culpable por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. La decisión, adoptada por un juez federal del estado de Texas, representa un avance significativo en una investigación que se extendió durante varios años y que también tiene repercusiones en Argentina, donde el economista y exdiputado José Luis Espert continúa siendo investigado por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al financiamiento de su campaña presidencial de 2019.
Machado aceptó su responsabilidad en ambos delitos como parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense. A cambio de esa admisión, fue retirada una tercera acusación relacionada con narcotráfico, una imputación que contemplaba penas considerablemente más severas. Sin embargo, todavía resta que la Justicia estadounidense determine la condena definitiva que deberá cumplir el empresario y si se tendrá en cuenta el tiempo que permaneció detenido en Argentina antes de ser extraditado.
La resolución judicial cobra especial importancia porque refuerza la investigación que avanza en los tribunales argentinos. Allí, los investigadores analizan el origen de los fondos que habrían llegado a manos de Espert y que, según la hipótesis fiscal, provenían de operaciones ilícitas realizadas por Machado.
Uno de los principales ejes de la causa es una transferencia de 200 mil dólares realizada en enero de 2020 desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada al empresario, hacia una cuenta bancaria de Espert en el exterior. Esa cuenta no había sido declarada y la existencia de la operación surgió a partir de la documentación incorporada al expediente judicial que se tramitaba en Estados Unidos.
Según la investigación, ese dinero habría sido posteriormente incorporado al circuito financiero argentino mediante distintas operaciones destinadas a otorgarle una apariencia de legalidad. Entre ellas figuran la compra de vehículos de alta gama, como un BMW y un Lexus RX, además de inversiones inmobiliarias vinculadas a un proyecto de una vivienda de descanso en las cercanías de Costa Esmeralda. Los investigadores también continúan analizando otros movimientos patrimoniales que podrían formar parte del mismo esquema.
Mientras tanto, el juez argentino que interviene en la causa deberá resolver la situación procesal tanto de Espert como de uno de sus contadores, acusado de haber colaborado en la presunta maniobra para ocultar el ingreso de esos fondos luego de la detención de Machado en territorio argentino durante 2021.
En el expediente estadounidense también quedó acreditado que Machado utilizó empresas dedicadas, en apariencia, a la comercialización y financiamiento de aeronaves para desarrollar un sistema fraudulento mediante la venta de aviones inexistentes o que no podían operar legalmente. Esa modalidad le habría permitido obtener millones de dólares a través de operaciones engañosas.
La investigación original sostenía además que el empresario integraba una organización criminal transnacional dedicada al uso irregular de aeronaves para actividades de contrabando, lavado de dinero y otros delitos. Sin embargo, los cargos relacionados con el narcotráfico quedaron excluidos del proceso tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Aun así, otra persona vinculada a esa estructura permanece condenada en Estados Unidos a una pena de 16 años de prisión.
En Argentina, la relación entre Machado y Espert había quedado expuesta por el apoyo logístico brindado durante la campaña presidencial de 2019. De acuerdo con la investigación judicial, el empresario puso a disposición del entonces candidato dos aeronaves privadas para sus recorridas por el país. Los expedientes registran al menos 36 vuelos realizados en ese período, algunos de ellos compartidos con el propio Machado y familiares del dirigente político. También se investiga la entrega de una camioneta blindada y distintos aportes económicos destinados a solventar gastos de campaña.
Durante su declaración ante la Justicia argentina, Espert rechazó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una persecución judicial. Además, cuestionó la existencia de investigaciones paralelas y la difusión pública de las actuaciones judiciales. No obstante, los fiscales sostienen que aún no logró explicar de manera convincente el origen y el destino del dinero recibido.
La investigación también pone bajo la lupa un contrato de consultoría firmado entre Espert y la empresa Minas del Pueblo, mediante el cual se justificaba el pago de un millón de dólares por supuestos servicios de asesoramiento financiero. Sin embargo, la fiscalía considera que ese acuerdo habría sido ficticio, ya que la compañía prácticamente no registraba actividad comercial al momento de su firma. Esa presunta simulación constituye uno de los elementos centrales sobre los que ahora continuará avanzando la Justicia, mientras el reciente fallo estadounidense fortalece las pruebas que vinculan ambas investigaciones.
