En un nuevo capítulo de tensión entre provincias por la actividad minera, la Justicia de San Juan ordenó garantizar la continuidad operativa del proyecto Vicuña, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la empresa responsable del emprendimiento. La resolución judicial fue comunicada oficialmente el 28 de abril y marca un punto clave en el conflicto que involucra también a La Rioja.
El fallo establece que ninguna persona o entidad, ya sea del ámbito público o privado, podrá obstaculizar ni interrumpir el desarrollo de las actividades vinculadas al proyecto minero. La única excepción contemplada corresponde a las autoridades competentes de San Juan, quienes mantienen la potestad de intervención en el marco de sus atribuciones legales.
La decisión se produce luego de que en territorio riojano se dictara una medida que imponía restricciones al tránsito sobre una ruta provincial, afectando directamente el corredor logístico del emprendimiento. Esa disposición generó un fuerte impacto en la operatividad del proyecto, lo que derivó en la presentación judicial por parte de la empresa para resguardar la continuidad de sus actividades.
Desde la firma Vicuña señalaron que el proyecto cuenta con la habilitación correspondiente del Ministerio de Minería de San Juan y remarcaron que las operaciones se desarrollan conforme a la normativa vigente. En ese sentido, aseguraron que continuarán trabajando dentro del marco legal mientras avanzan las gestiones necesarias para normalizar el acceso y garantizar el funcionamiento pleno del corredor logístico.
La medida cautelar fue dictada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan. Su alcance no solo impacta en la dinámica del proyecto, sino que también suma un nuevo elemento al conflicto político y judicial que se viene profundizando entre ambas provincias.
El eje de la disputa gira en torno al control del territorio, la regulación del tránsito y los posibles efectos de la actividad minera en la región. Mientras tanto, el proyecto Vicuña continúa en el centro de la escena, reflejando la complejidad de un debate que combina intereses económicos, decisiones judiciales y posicionamientos políticos.
