Un nuevo frente de conflicto se abrió en torno al desarrollo del proyecto minero Vicuña S.A., considerado uno de los emprendimientos de cobre más relevantes del país. La disputa tiene como eje el uso de un camino estratégico que atraviesa territorio de La Rioja y que resulta fundamental para la logística del proyecto ubicado en la vecina San Juan.
La controversia escaló en las últimas horas tras un fallo judicial que ordenó la suspensión, por un plazo de 30 días, del tránsito vinculado a las actividades del proyecto sobre el camino de Guandacol. La medida fue dispuesta por la jueza María Greta Decker en el marco de un amparo presentado por el Estado provincial, en el expediente “Estado Provincial contra Vicuña S.A.”.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado riojana, que cuestionó las condiciones en las que se estaba utilizando la vía, al tiempo que reclamó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con el uso de la infraestructura vial. Según el planteo oficial, el tránsito constante de vehículos pesados genera consecuencias directas en el entorno y en las comunidades cercanas.
En cumplimiento de la resolución, efectivos de la Policía de la provincia se desplegaron en la zona para garantizar el control del camino, en una señal clara de que el Gobierno riojano busca ejercer un rol activo en la regulación de este corredor logístico.
Desde el Ejecutivo provincial, el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, expresó su preocupación por el impacto que genera la actividad. Señaló que el paso de los vehículos implica recorrer más de 140 kilómetros dentro de territorio riojano, incluso atravesando áreas protegidas, sin que ello se traduzca en beneficios concretos para las comunidades locales. En ese sentido, también se hicieron eco de reclamos de pobladores que exigen mayor participación en la cadena productiva, tanto en la contratación de mano de obra como en la provisión de servicios.
Por su parte, desde la empresa intentaron llevar tranquilidad y minimizar el alcance de la medida. Aseguraron que el proyecto continúa en marcha y que no se encuentra paralizado, aunque reconocieron que las restricciones sobre el acceso pueden generar complicaciones en la logística y el desarrollo de las operaciones.
El caso pone sobre la mesa un debate más amplio sobre el equilibrio entre desarrollo productivo, cuidado ambiental y distribución de beneficios en proyectos de gran escala. Además, evidencia la complejidad de las relaciones entre provincias cuando se trata de emprendimientos que trascienden límites territoriales.
Mientras la medida judicial sigue vigente, se abre un período clave para definir si las partes logran encauzar el conflicto mediante acuerdos o si la disputa escala a nuevas instancias legales. En el centro de la escena, quedan las comunidades, el ambiente y el futuro de uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la región.