La situación judicial del jefe de Gabinete Manuel Adorni suma nuevos capítulos y cada vez genera mayor preocupación dentro del oficialismo. La causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzó en las últimas horas con nuevos indicios vinculados a supuestos cobros irregulares durante un viaje realizado a Punta del Este, además de allanamientos y medidas judiciales relacionadas con su hermano, Francisco Adorni.
La investigación apunta ahora a determinar si el exvocero presidencial habría participado en reuniones privadas y conferencias pagas con empresarios, algo que podría resultar incompatible con su función pública. Según trascendió, durante un viaje a Uruguay realizado en febrero de este año, Adorni encabezó un encuentro en la exclusiva Trump Tower de Punta del Este ante empresarios argentinos y uruguayos. La reunión habría tenido un valor cercano a los mil dólares por asistente y, de acuerdo con las versiones que circulan en la causa, el funcionario habría percibido unos 12 mil dólares por su participación.
El hecho tomó relevancia porque, en un primer momento, el viaje había sido presentado públicamente como unas vacaciones familiares. Sin embargo, la aparición de estos encuentros privados encendió nuevas alarmas en la Justicia federal, donde el fiscal Gerardo Pollicita analiza distintos movimientos patrimoniales y posibles incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
El evento habría sido organizado por el periodista Marcelo Grandío junto al empresario uruguayo Rolando Rozenblum, quien reconoció la realización de la reunión aunque negó que se haya cobrado dinero por asistir. Aun así, las sospechas continúan creciendo y ya fueron incorporadas al expediente judicial.
Mientras tanto, la investigación también alcanza a Francisco Adorni, quien experimentó un rápido ascenso dentro de la estructura estatal tras la llegada de Javier Milei al poder. La Justicia federal ordenó allanamientos en dependencias del Ministerio de Defensa para reconstruir su recorrido dentro de la administración pública y verificar posibles inconsistencias patrimoniales.
El fiscal Guillermo Marijuán solicitó además información a organismos tributarios y migratorios para rastrear bienes, movimientos financieros y viajes del dirigente libertario. La investigación busca esclarecer cómo evolucionó su patrimonio mientras ocupaba distintos cargos dentro del Estado antes de asumir como legislador provincial.
Otro de los puntos que complican a los hermanos Adorni es la situación de un departamento heredado en La Plata. Según documentación judicial, el inmueble seguiría aún a nombre de Manuel Adorni pese a que había sido presentado como una propiedad vendida para justificar parte del incremento patrimonial. Además, la existencia de antiguas deudas hipotecarias y trámites judiciales vinculados al inmueble sembró nuevas dudas sobre las explicaciones brindadas por el funcionario.
En el oficialismo intentan minimizar el impacto político del escándalo, aunque puertas adentro crece la preocupación por el desgaste que provoca la causa. Pese a las críticas y las investigaciones en curso, Milei continúa respaldando públicamente a su jefe de Gabinete, mientras la Justicia avanza lentamente sobre un expediente que amenaza con convertirse en otro foco de conflicto para el Gobierno nacional.