La situación de los dos ciudadanos argentinos detenidos en el este de Libia continúa generando preocupación y reclamos por parte de sus familiares y de las organizaciones que siguen de cerca el caso. Tras once días sin ningún tipo de comunicación, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera lograron finalmente establecer contacto con sus seres queridos, revelando un panorama alarmante sobre las condiciones en las que permanecen privados de su libertad.
Ambos formaban parte de una misión humanitaria internacional que tenía como destino final la Franja de Gaza. Según relataron durante esa primera comunicación, se encuentran realizando una huelga de hambre como medida de protesta por su detención, mientras algunos integrantes del grupo habrían avanzado incluso hacia una huelga seca, lo que incrementa los riesgos para su salud.
Los activistas argentinos señalaron que continúan aislados y con escaso acceso al exterior, a pesar de que varios de los detenidos presentan un deterioro físico derivado de los días de protesta. También denunciaron la falta de asistencia médica independiente y la ausencia de organismos humanitarios internacionales que puedan verificar su estado de salud y las condiciones de alojamiento.
Familiares de los detenidos describieron escenas de extrema dureza. Según los testimonios recibidos, durante los primeros días permanecieron encerrados en celdas individuales, sin iluminación adecuada y en condiciones sanitarias muy precarias. Posteriormente fueron trasladados a otros espacios de detención que, según relataron, tampoco reúnen condiciones mínimas de bienestar, con presencia de insectos y un fuerte impacto psicológico producto de la incertidumbre que atraviesan.
La preocupación también se extiende al plano judicial. Personas vinculadas al seguimiento del caso sostienen que los detenidos no cuentan con una defensa legal efectiva y que desconocen con precisión cuáles son las acusaciones formales que justifican su permanencia bajo custodia. Además, denunciaron reiteradas postergaciones de audiencias y una falta de información clara sobre el proceso que enfrentan.
Mientras tanto, la Cancillería argentina confirmó que tomó intervención en el asunto y que realiza gestiones para obtener información sobre la situación de los ciudadanos argentinos. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles concretos sobre posibles avances ni sobre los plazos para una eventual resolución.
La misión humanitaria de la que formaban parte estaba integrada por más de 200 activistas de distintas nacionalidades y tenía como objetivo transportar alimentos, medicamentos e insumos para la población de Gaza. Durante el recorrido por territorio libio, un grupo reducido se adelantó para gestionar autorizaciones de paso en un puesto de control militar, momento en el que se produjo la detención.
Las autoridades del este de Libia argumentaron que el grupo ingresó a una zona de seguridad especial sin completar determinados procedimientos administrativos. No obstante, integrantes de la misión sostienen que el itinerario había sido previamente informado y que la actividad desarrollada era de carácter estrictamente humanitario.
A medida que pasan los días, crece la inquietud entre familiares, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, quienes reclaman mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos. La incertidumbre sobre su futuro y las denuncias sobre las condiciones de encierro mantienen el caso en el centro de la atención internacional, mientras se aguardan definiciones que permitan esclarecer su situación y facilitar una pronta resolución del conflicto.
