Una serie de documentos hallados en el teléfono celular del trader Mauricio Novelli volvió a encender el debate en torno al avance de la industria cripto en la Argentina y sus posibles vínculos con las más altas esferas del poder político. En el marco de la investigación judicial por la presunta estafa vinculada al proyecto $LIBRA, surgieron elementos que podrían conectar al presidente Javier Milei con una empresa internacional interesada en desembarcar en el país con ambiciosas iniciativas financieras.
Entre los archivos encontrados se destaca una “Carta de Intención” fechada el 1 de agosto de 2024, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd plantea su intención de instalar una cooperativa de crédito en territorio argentino. El documento, dirigido al propio mandatario, no solo detalla los objetivos del proyecto, sino que también incluye una serie de pedidos concretos, entre ellos beneficios impositivos, acceso a datos financieros y respaldo institucional para acelerar su implementación.
El contenido de la carta resulta particularmente significativo, ya que además de proponer servicios financieros tradicionales como cuentas de ahorro, créditos y préstamos, introduce la idea de crear un espacio de investigación denominado “Instituto Milei”. Este organismo estaría orientado a estudios sobre innovación financiera y podría contar con vínculos académicos internacionales, incluyendo una posible asociación con la Universidad de Chicago.
Los documentos también permiten reconstruir parte del entramado de relaciones que rodeaban estas gestiones. Novelli, señalado como un intermediario clave, mantenía contactos frecuentes con figuras del entorno presidencial, así como con referentes del ecosistema cripto internacional. En ese contexto, la misma fecha de la carta coincide con una visita al Banco Central de la República Argentina por parte de Novelli, el CEO de la empresa interesada y el creador del proyecto $LIBRA.
Además, se desprende que la propuesta empresarial incluía condiciones altamente favorables para su operación en el país. Entre ellas, se solicitaban exenciones fiscales por una década, con tasas reducidas en los años posteriores, así como subsidios, acuerdos a largo plazo y una rápida aprobación regulatoria en un plazo estimado de apenas dos meses. También se requería acceso a información financiera —incluso datos anonimizados provenientes de organismos oficiales— para optimizar modelos de riesgo y desarrollo de productos.
Otro punto relevante del documento es la intención de articular con organismos de control como el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, lo que evidencia el alcance institucional que buscaba el proyecto. Asimismo, se proponía la realización de encuentros periódicos con reguladores internacionales, con el objetivo de consolidar un modelo financiero innovador con proyección global.
En su tramo final, la carta expresa la expectativa de que, con el respaldo del gobierno argentino, la iniciativa podría contribuir al desarrollo económico del país, promoviendo la integración de capitales públicos y privados y avanzando hacia un sistema financiero de reservas completas. Para ello, solicitaban la firma de un representante oficial que formalizara el apoyo estatal.
Mientras la causa judicial continúa su curso, estos documentos aportan nuevas piezas a un rompecabezas complejo, donde se entrecruzan intereses económicos, innovación tecnológica y decisiones políticas que podrían tener un impacto profundo en el futuro financiero de la Argentina.
