En pleno debate sobre el futuro del trabajo en la Argentina, el peronismo decidió no limitarse a la crítica del proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno nacional. Por el contrario, elaboró una propuesta alternativa con el objetivo de abordar lo que considera los problemas estructurales del mundo laboral. Se trata de un documento con ocho ejes centrales que fue trabajado en encuentros realizados en la sede del Partido Justicialista, con la participación de abogados laboralistas, exministros de Trabajo, sindicalistas y especialistas en la materia.
Desde este espacio político sostienen que la iniciativa oficial representa una reforma favorable a los intereses empresariales y advierten que, de aprobarse, profundizaría el deterioro de salarios y condiciones laborales ya golpeadas por la crisis económica. En ese sentido, remarcan que su propuesta no constituye un proyecto de ley formal, ya que el actual período legislativo limita los temas a tratar, aunque no descartan que estos puntos sean incorporados como dictamen de minoría durante el debate parlamentario.
El documento plantea, en primer lugar, una política de recomposición salarial. Allí se propone recuperar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, garantizar que los salarios sean abonados íntegramente en dinero y asegurar paritarias verdaderamente libres, sin techos ni condicionamientos. Para el peronismo, la pérdida del poder adquisitivo es uno de los principales factores que explican la precarización del empleo y la caída del consumo.
El segundo eje se centra en la reducción de la jornada laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y conciliar el tiempo laboral con la vida familiar y personal. La propuesta plantea avanzar hacia una jornada máxima de siete horas diarias y 42 semanales, con la meta de alcanzar progresivamente las seis horas. Según el análisis presentado, esta medida podría reducir enfermedades asociadas al estrés y mejorar la productividad.
Un tercer punto aborda la situación de quienes trabajan en plataformas digitales. Allí se propone la creación de un ámbito de negociación colectiva que garantice salario mínimo, seguridad social, licencias y protección frente al despido. Además, se reclama mayor transparencia en los algoritmos que asignan tareas y sanciones, atención humana obligatoria ante conflictos, capacitación, cobertura ante accidentes y el derecho a la sindicalización.
La participación de los trabajadores en las ganancias constituye el cuarto eje. La iniciativa busca garantizar el reparto anual de utilidades, de acuerdo con las ganancias obtenidas por las empresas, con excepción de las micro, pequeñas y medianas.
El quinto punto introduce el derecho a la desconexión digital, estableciendo que las comunicaciones fuera del horario laboral deben ser compensadas en tiempo y dinero. En sexto lugar, se propone un esquema de licencias parentales igualitarias, con ampliación de plazos para maternidad, paternidad y adopción, e inclusión de trabajadores autónomos y monotributistas dentro del sistema de protección social.
El séptimo eje apunta a la articulación de los convenios colectivos de trabajo, permitiendo acuerdos por empresa siempre que mejoren las condiciones del trabajador. Finalmente, el octavo punto se enfoca en la salud y seguridad laboral, con la creación de comités mixtos entre trabajadores y empleadores para la prevención de riesgos.
Con esta propuesta, el peronismo busca instalar un debate de fondo sobre el modelo laboral y presentar una alternativa que, según sostienen, prioriza el empleo, los derechos y la dignidad del trabajo en un contexto económico complejo.