El año 2025 quedó marcado por una estrategia económica sostenida en el ajuste fiscal, la búsqueda obsesiva del superávit y una fuerte dependencia del financiamiento externo. Bajo la conducción del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno avanzó con un conjunto de medidas que redefinieron el rumbo económico, en un contexto atravesado por la caída de la actividad, el aumento del desempleo y el endeudamiento creciente de los hogares.
Ante la imposibilidad de alcanzar consensos en el Congreso, el Ejecutivo decidió prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023. Esta decisión permitió profundizar la licuación del gasto público y consolidar el ancla fiscal del programa económico. Hacia noviembre, las cuentas mostraron un superávit financiero significativo y, en el acumulado del año, el resultado positivo representó cerca del 0,6% del Producto Bruto Interno, uno de los principales argumentos oficiales para defender el rumbo adoptado.
En paralelo, el Gobierno avanzó con una reducción progresiva de las retenciones al sector agroexportador. A lo largo del año se anunciaron bajas temporales que luego se volvieron definitivas, hasta llegar en diciembre a un nuevo esquema con recortes sustanciales para la soja, los cereales, el girasol y las carnes. La medida también alcanzó a otros sectores productivos, con eliminación o reducción de derechos de exportación e importación. Sin embargo, el beneficio quedó concentrado mayormente en grandes empresas exportadoras, que capitalizaron rápidamente el alivio impositivo.
Otro eje central fue la relación con los organismos internacionales. En abril se firmó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, con un desembolso inicial inédito. Aunque desde el Gobierno se insistió en que no implicaba nueva deuda, el acuerdo reemplazó compromisos internos por obligaciones con el organismo. A lo largo del año, pese al incumplimiento de metas de reservas, se aprobaron nuevos desembolsos, consolidando una deuda total con el FMI que alcanza niveles históricos.
En materia cambiaria, abril marcó el fin del límite para la compra de dólares por parte de personas, así como la autorización para el giro de dividendos empresariales correspondientes al ejercicio 2025. No obstante, el Banco Central volvió a imponer restricciones cruzadas para frenar maniobras especulativas entre el dólar oficial y los financieros, en un intento por contener la volatilidad.
El panorama se tensó aún más en octubre, cuando la falta de divisas y la presión electoral derivaron en un acuerdo de swap con Estados Unidos por 20 mil millones de dólares. A esto se sumaron nuevos préstamos de organismos multilaterales, mientras la deuda externa bruta alcanzó un récord histórico. En el plano interno, el endurecimiento de los encajes bancarios redujo el crédito disponible, elevó las tasas de interés y agravó la morosidad, al tiempo que se mantuvo el congelamiento salarial y el freno a las paritarias.
Sobre el cierre del año, el Gobierno anunció cambios profundos en el esquema tarifario para 2026, eliminando la segmentación vigente y reduciendo el universo de hogares con subsidios, lo que anticipa nuevos aumentos en los servicios públicos. Además, Caputo volvió al mercado con la colocación del Bonar 2029, una señal de la urgencia por refinanciar vencimientos futuros.
Finalmente, el Banco Central comunicó el fin del régimen de bandas cambiarias y presentó un plan de acumulación de reservas para 2026, apostando a un crecimiento de la demanda de dinero que permita absorber dólares sin generar inflación. Así, el 2025 cerró como un año de decisiones contundentes, tensiones persistentes y un modelo económico que dejó huellas profundas en la vida cotidiana de la población.