La polémica conocida como “Adornigate” sumó un nuevo capítulo judicial y esta vez el foco quedó puesto sobre Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia federal comenzó a investigar el crecimiento patrimonial del funcionario y actual diputado bonaerense, luego de detectarse movimientos económicos que, según la denuncia, no se corresponderían con los ingresos declarados durante su paso por la administración pública.
El fiscal federal Guillermo Marijuán resolvió imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas.
La investigación se originó luego de que Francisco Adorni incorporara en su declaración jurada una camioneta Jeep adquirida en noviembre de 2025 y declarara además la cancelación de una deuda hipotecaria cercana a los 60 millones de pesos. Para los investigadores, ambos movimientos financieros resultan difíciles de justificar únicamente con los salarios obtenidos como funcionario nacional y legislador provincial.
Según la presentación judicial, el patrimonio declarado por Francisco Adorni pasó de 43,7 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones en 2025. La denuncia sostiene la hipótesis de que podría haber actuado como “interpósita persona” o presunto testaferro de su hermano Manuel, canalizando activos cuyo origen aún no pudo ser explicado.
En ese contexto, la fiscalía ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y también solicitó información a ARCA para determinar si ingresó fondos a través de alguno de los recientes blanqueos de capital impulsados por el Gobierno nacional.
La trayectoria política de Francisco Adorni también quedó bajo análisis. Su desembarco en el Estado comenzó en diciembre de 2023, cuando fue incorporado al Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Petri. Primero se desempeñó como asesor y luego fue promovido como titular de la Unidad de Auditoría Interna, pese a cuestionamientos por la falta de antecedentes técnicos y experiencia previa.
Durante ese período, su salario registró un fuerte incremento y, posteriormente, dio el salto a la política bonaerense de la mano de referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Karina Milei y Sebastián Pareja, quienes lo impulsaron como candidato en la provincia de Buenos Aires.
Paralelamente, otra denuncia apunta a su gestión al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Allí habría autorizado un préstamo millonario destinado a la obra social militar IOSFA, organismo que terminó siendo disuelto meses después en medio de una profunda crisis financiera y denuncias por graves dificultades en la atención médica para efectivos y retirados de las Fuerzas Armadas.
La nueva ofensiva judicial abre otro frente sensible para el oficialismo y amenaza con profundizar una controversia política que ya venía generando fuertes repercusiones dentro y fuera del Gobierno nacional.