El Gobierno nacional continúa sosteniendo que las cuentas públicas muestran un importante superávit fiscal. Sin embargo, un análisis de la ejecución presupuestaria plantea que ese resultado podría ser considerablemente menor si se incluyeran los compromisos de pago que el Estado ya asumió, pero cuya cancelación fue postergada. Esta situación reabre el debate sobre la verdadera solidez del equilibrio fiscal y sobre la estrategia utilizada para ordenar las finanzas públicas.
Durante el primer semestre del año, el resultado primario informado alcanzó los 7,33 billones de pesos. No obstante, especialistas sostienen que una parte importante de ese excedente responde al diferimiento de pagos ya comprometidos. Si esas obligaciones pendientes fueran incorporadas al cálculo, el superávit efectivo se reduciría a aproximadamente 1,73 billones de pesos, una cifra muy inferior a la meta de 6,9 billones establecida para ese período dentro del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.
En el centro de esta discusión aparece la denominada deuda flotante, un concepto que hace referencia a las facturas y obligaciones que el Estado reconoce contablemente, pero que aún no cancela. No se trata de préstamos internacionales ni de bonos emitidos en los mercados financieros, sino de pagos cotidianos que corresponden a proveedores, contratistas y organismos que prestan servicios al sector público.
Entre quienes esperan cobrar se encuentran empresas constructoras encargadas de obras públicas, proveedores de insumos médicos y de programas de asistencia social, compañías vinculadas al transporte y la energía, universidades nacionales y también gobiernos provinciales y municipales que aguardan la transferencia de recursos comprometidos.
Desde el punto de vista presupuestario, esta situación surge por la diferencia entre el gasto devengado, es decir, el que ya fue comprometido oficialmente, y el gasto efectivamente pagado. Como las cuentas fiscales difundidas por el Gobierno se elaboran bajo el criterio de caja, solamente se contabilizan los desembolsos realizados. Esto significa que los pagos pendientes no impactan de inmediato en el resultado fiscal, permitiendo exhibir un superávit mayor mientras esas obligaciones permanecen sin cancelar.
Según las estimaciones difundidas por especialistas en políticas públicas, durante los primeros seis meses del año esa diferencia acumuló alrededor de 5,6 billones de pesos. El monto representa aproximadamente el 0,54 % del Producto Bruto Interno y equivale a más del 7 % del gasto devengado en ese mismo período.
Los datos corresponden exclusivamente a la Administración Pública Nacional y no incluyen empresas estatales, fondos fiduciarios, organismos descentralizados ni otras entidades públicas que también forman parte del sector público nacional, por lo que el análisis se concentra únicamente en una parte de las finanzas estatales.
Para numerosos economistas, la acumulación de deuda flotante funciona como una herramienta que brinda alivio financiero en el corto plazo. Al postergar pagos, el Tesoro dispone de mayor liquidez para cumplir otras obligaciones y presentar un resultado fiscal más favorable. Sin embargo, esa estrategia no elimina los compromisos asumidos, sino que simplemente traslada su cancelación hacia el futuro.
Precisamente por ese motivo, tanto analistas privados como organismos internacionales siguen con atención la evolución de estos pasivos. El propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla un límite de referencia para la deuda flotante, aunque especialistas advierten que la metodología utilizada por el organismo difiere de la medición basada únicamente en la brecha entre gastos devengados y pagados.
Más allá de las diferencias técnicas, el debate trasciende el plano contable. La discusión gira en torno a la consistencia del ajuste fiscal y a la calidad del superávit informado. Si una parte importante del resultado positivo depende de pagos que simplemente fueron postergados, algunos analistas consideran que el equilibrio de las cuentas públicas podría ser menos sólido de lo que reflejan las estadísticas oficiales, dejando abierta la incógnita sobre la sostenibilidad de esa estrategia en los próximos meses.