La historia reciente de América Latina esconde una de las paradojas políticas más complejas de nuestro tiempo. Durante la primera década del siglo XXI, el auge global de las materias primas otorgó recursos históricos a gobiernos progresistas en toda la región. El Partido de los Trabajadores en Brasil, el kirchnerismo en Argentina, el MAS en Bolivia, el chavismo en Venezuela y el correísmo en Ecuador lograron un hito innegable: sacar a millones de personas de la pobreza, expandir el consumo y dar vida a una robusta e inédita clase media. Sin embargo, el destino político de estos sectores generó un giro inesperado. Al perder el flujo de dinero, esa misma masa social terminó impulsando el ascenso de opciones de la derecha más radical.
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, definió este fenómeno con una precisión brutal al diagnosticar que estos gobiernos crearon consumidores con capacidad adquisitiva, pero no ciudadanos con conciencia de clase. Las gestiones de izquierda priorizaron la redistribución económica y el acceso al mercado de bienes, pero mantuvieron intactas las estructuras fundamentales del poder. No alteraron la concentración del capital financiero, la propiedad de los grandes medios de comunicación ni la narrativa cultural dominante. Tampoco se avanzó hacia una industrialización profunda, perpetuando la dependencia extrema de exportar petróleo, soja o minerales. Cuando el precio internacional de estos bienes se desplomó, el dinero estatal se agotó y, de forma inevitable, la base de sustentación política se desmoronó.
La mayor contradicción radica en la psicología del ascenso social. Sin una educación política ni la construcción de un pensamiento colectivo, las personas que emergieron de la vulnerabilidad gracias a las redes de contención del Estado reinterpretaron su nueva realidad bajo una óptica individualista. El progreso económico dejó de verse como el resultado de una política pública distributiva y pasó a explicarse exclusivamente como un logro por puro mérito propio.
Rápidamente, este sector social adoptó los valores e ideologías de las élites tradicionales. Ante la primera crisis, el discurso meritocrático los llevó a volcar su voto hacia figuras como Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina. Estas expresiones prometen «menos Estado», libre mercado y mano dura, precisamente el conjunto de políticas desreguladoras que, en ciclos económicos anteriores, habrían condenado a esas mismas familias a la marginación absoluta.
Este patrón cíclico que se repite en Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina confirma una vieja advertencia teórica del pensador Antonio Gramsci: tomar las instituciones del gobierno no equivale a capturar el poder real. Mientras los sectores conservadores mantengan el control del sistema financiero, el aparato mediático y los resortes culturales, cualquier avance del progresismo será superficial y temporal. La experiencia latinoamericana demuestra que el reformismo que se limita a repartir dinero sin democratizar las estructuras del poder real, ni disputar los sentidos de la sociedad, está trágicamente condenado a ser devorado por las mismas fuerzas que se negó a desmantelar.
